Fue una sorpresa para todos los senadores, incluso los peronistas. Ayer, el gobierno cambió de posición y autorizó al Senado a convertir en ley otra polémica suspensión de ejecuciones hipotecarias. Esta vez será por 120 días y alcanzará a unos 9.000 casos de deudores morosos con entidades financieras y particulares. Es la misma ley que en Diputados había impulsado el duhaldismo junto con la oposición en medio de la campaña electoral. Ahora el gobierno apuesta a que la Corte Suprema se expida sobre la constitucionalidad de esas ejecuciones a tiempo antes de que venza esta nueva suspensión. Primó también la presión de deudores en el Congreso que amenazaron con escraches, se encadenaron y hasta hubo intentos de suicidio a lo bonzo. El costo que paga el gobierno es otra pérdida de seguridad jurídica que seguirá afectando al crédito y una mala señal al FMI antes de que se inicie una negociación clave con el organismo.
9.000 deudores morosos. ¿Qué cambió entonces para que el martes a la noche la Casa Rosada diera el OK al bloque peronista del Senado para avanzar en una suspensión de los remates, cambiando la postura que mantuvo hasta ahora? Varias fueron las causas políticas y una, la principal, eminentemente judicial, que en ninguno de los dos casos evita la señal negativa que se dará nuevamente a la seguridad jurídica:
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