El problema en esta ocasión no es sólo la oposición del radicales y aristas, sino, además, que La comisión, presidida por
La UIA puntualmente explicó el concepto de servicio público que tiene la operación en puertos y denunció los efectos que podría tener un monopolio natural como ése -»una gran cantidad de contenedores debe pasar sí o sí por el puerto de Buenos Aires», se dijo-con tasas dolarizadas.
De acuerdo con los industriales, «no se puede elegir dónde cargar y descargar, lo que obliga a que, en la fijación de las tarifas, sea fundamental el rol del Estado». Por eso presionaron a los diputados para que no acepten la dolarización de tarifas que convalidó el gobierno. . En la queja se explicó que sólo 30% de los gastos operativos de puertos puede ser en dólares, pero «70% es estrictamente en moneda nacional, y está conformados por los salarios, tasas, impuestos. Estas tarifas pretendidas afectarían decididamente el costo de vida», explicaron.
Frente a tanta denuncia, y a la explicación de Rodríguez sobre la deuda que mantendrían algunas de esas empresas con el Estado durante tres períodos, lo que sería causal de rescisión, los diputados decidieron fijar una nueva audiencia el próximo martes a las 14 a la que citaron a la UNIREN para que explique las diferencias.
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