Se va a acabar la burocracia sindical
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En la elección presidencial de aquel año, los hombres de Víctor De Gennaro fueron los primeros sindicalistas en apoyar la candidatura de Néstor Kirchner. El dúo Moyano-Palacios, después de quedar con el dominio de la CGT, respaldaba en esa elección la chance de Adolfo Rodríguez Saá. ¿Por qué? Los había conmovido un poema que recitaba como un credo el actual senador por San Luis, que decía en un pasaje «creo en el movimiento obrero organizado».
Con el olfato pampa que caracteriza a políticos y sindicalistas, bastó que hubiera nuevo presidente para que Kirchner se olvidase de la CTA y para que la CGT se olvidase de Rodríguez Saá.
El fallo de la Corte es otro modelo del nuevo estado que surge en la Argentina como amparo de la debilidad de sus gobiernos. Con presidencias que arrastran los problemas hasta la exasperación, la Corte no sólo dicta Justicia sino que legisla y gobierna.
Manda que la provincia de Buenos Aires dé determinado trato a los presos, le ordena al Congreso que aumente las jubilaciones, dispone cómo y cuándo debe limpiarse el Riachuelo. Políticos y funcionarios trinan de odio hacia la Corte, pero ésta fundamenta que si la Justicia no toma decisiones es porque los otros poderes no lo hacen.
Pero gobernar por fallos es también gobernar por parches. La decisión de ayer impone en la Argentina la libertad sindical que les debían a los gremios, víctimas del monopolio cegetista, el Congreso y el gobierno. Pero abre un ciclo de conflictos que puede enloquecer a las empresas y a los gobiernos. Por efecto de este fallo, los sindicatos sin personería, simplemente inscriptos, podrán elegir delegados y representantes a las paritarias. Esos sindicatos «inscriptos» nacieron muchos bajo gobiernos militares o radicales como auspicio desde el Estado a formaciones enfrentadas con el peronismo ortodoxo. Ahora viene su hora de gloria y podrán sentar a dirigentes casi desconocidos en las paritarias junto a los grandes caciques de la CGT de diversa gordura. Una ofensa que no quedará en pie y que anoche, en el moyanismo, se entendía como un ataque de la Corte a la única institución que, presumen, le queda en pie a la Argentina.
Este fallo no sólo desatará una guerra política que enfrentará a gremios entre sí, a la CGT y sus socios en las ligas empresarias con la Justicia. También abre una etapa de cambios que el Congreso y el Ejecutivo debían haber hecho hace años. Sólo con una nueva ley de asociaciones profesionales y de negociaciones paritarias podrá pacificarse este revuelo que estallará en todos los lugares de trabajo entre sindicalistas con personería y sindicalistas «inscriptos», que reclamarán sentarse a negociar. Justo en medio de una crisis en la cual lo más prudente sería postergar demandas.
¿Quién lo hizo? La Corte que impuso Kirchner, que consagra a destiempo el canto setentista contra la burocracia sindical. Con este fallo tambalea esa burocracia, lo mismo que quisieron otros intentos desreguladores como el de Raúl Alfonsín con la ley Mucci (1984) o Fernando de la Rúa con la malhadada ley Banelco (1999), que se derogó en 2003 por un proyecto que presentó, el primer desde la asunción de su esposo, Cristina de Kirchner cuando era senadora. De esto, seguro, no se va a olvidar Moyano, que era amigo.




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