El Senado convirtió anoche en ley el proyecto que otorga al gobierno poderes especiales por un año. Aunque lejos de las discusiones que se vieron en Diputados, una larga lista de senadores de todos los partidos argumentó a favor o en contra del otorgamiento de esas facultades. Los dos opositores más fuertes a la iniciativa de Domingo Cavallo, el peronista Jorge Yoma y el radical Raúl Galván, ambos riojanos, faltaron a la sesión. Otros radicales también argumentaron en contra. Pero desde temprano se supo que la decisión de aprobarla estaba tomada. Una vez que la ley sea sancionada, Cavallo podrá fusionar o descentralizar entes y organismos, y modificar las normas laborales de los empleados de esos sectores. Además tendrá poder para eliminar o crear exenciones en IVA y Ganancias, como en la compraventa de acciones y medios de comunicación. También podrá eliminar toda norma que perjudique la competitividad de la economía.
El Senado votó la delegación de facultades especiales a Domingo Cavallo, en una sesión que se extendendió hasta la madrugada. Luego de un dilatado paso por Diputados, la iniciativa ingresó a las 11.30 de la víspera con todas las correcciones acordadas entre el gobierno y los senadores peronistas.
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Cavallo tuvo la confirmación de que el Congreso le cedería las potestades (incluido el año de plazo que pidió para desempeñarlas), durante una conversación telefónica que ayer al mediodía mantuvo con Eduardo Menem. El ministro le agradeció la buena noticia y se alegró de que fuera el vicepresidente del cuerpo quien oficiara de miembro informante justicialista.
A esa altura, ya se sabía que no habría demasiados escollos en el recinto, excepto algún planteo testimonial del PJ (ver nota aparte), y de los disidentes de la oposición (el santacruceño Daniel Varizat y el entrerriano Héctor Maya, caciques del minibloque 17 de octubre). Los riojanos Jorge Yoma (PJ) y Raúl Galván habían anticipado que faltarían a la deliberación. El peronista había pedido que el proyecto pasara por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por él, y no directamente en trámite sumario al recinto. En verdad, Yoma y no Menem debería haber hablado en nombre de la bancada conducida por José Luis Gioja, ya que se trataba de una cuestión muy relacionada con la Carta Magna. La distancia que ha tomado Yoma del bloque también resultó determinante en la ausencia.
En cuanto a la emergencia pública, incorporada en una cláusula de la Ley Reactivante, Eduardo Menem señaló que están dadas las condiciones, entre otras cosas, porque «existe una delicada situación fiscal que coloca al país en riesgo de default, se elevó el riesgo-país, los índices de pobreza y desocupación crecen de forma alarmante y se anuncia un plan económico por un nuevo ministro recién asumido que se abandona antes de su implementación». Asimismo, recordó que esta situación estaba prevista en la Ley 25.344 con vigencia hasta el 14 de noviembre, que declaró la emergencia económica y financiera.
Elogios
El radical formoseño Alberto Maglietti sorprendió a sus correligionarios -y a todo el auditorio-cuando desparramó elogios sobre el ministro y aseguró: «Ahora sí se iba a aplicar el programa de la Alianza». Tras una intervención de Alcides López (UCR-Entre Ríos) -que anunció su voto negativo, «salvo que me convenzan»-, Menem reprochó a los radicales que hablaran de un «Cavallo bueno», como si nunca lo hubieran criticado antes. «Todo lo que ellos dicen que hizo mal Cavallo parece que fue culpa del presidente Menem y eso es muy injusto», se ofendió el vice del cuerpo. El tucumano José Carbonell, que fue el primer senador peronista que auspició la votación de la Ley Reactivante, arengó a aprobar las facultades especiales, porque «la suba de los mercados y la disminución del riesgo-país han demostrado que el ministro genera confianza». «Además, lo hacemos con plazo determinado, muchas limitaciones y con control parlamentario», acotó. «Y, si con esta y otras leyes, ayudamos a que Cavallo crezca y se convierta en un adversario en 2003, el peronismo tendrá que poner a su mejor candidato para vencerlo», concluyó Carbonell.
El proyecto que el Senado convirtió en ley le permite al gobierno: * Decidir la fusión o centralización de entes autárquicos o reparticiones descentralizadas. * No podrá avanzar en la privatización de empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales -Banco Nación, BICE o Banco Central-, la AFIP, los entes reguladores de servicios públicos o el PAMI. * Sujeta al personal de los entes autárquicos y reparticiones descentralizadas a las normas del derecho común, les da 2 años de estabilidad y deberán negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo. * El gobierno también estará facultado para «desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el control del sector». * Puede modificar la ley de ministerios. * Queda facultado para derogar leyes que regulen el funcionamiento de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales, mixtas o entidades públicas no estatales. * Crear o eliminar exenciones impositivas, salvo aquellas que afecten a productos de la canasta familiar o economías regionales, sociedades cooperativas, mutuales, asociaciones y obras sociales sindicales. Pero quedarán dentro de las facultades actividades como la compra venta de acciones, bonos y títulos, y los medios de comunicación. * Puede disminuir tributos o tasas de orden nacional para «mejorar la competitividad de los sectores».
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