"Sería absurdo que cada reporte sea una denuncia penal"

José Sbatella.

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, defendió el trabajo del organismo en la lucha contra el lavado de dinero y aseguró que no todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) pueden ser llevados a la Justicia.

"Un reporte no es una denuncia penal, con ese criterio nosotros deberíamos hacer 70 mil denuncias penales porque en este momento ya tenemos 70 mil Reportes de Operaciones sospechosas", explicó el funcionario en una entrevista con el matutino Tiempo Argentino.

Y resaltó: "En el mundo sería absurdo que cada reporte sea una denuncia penal, que es un poco para mí lo que desconocen o afirman de mala fe quienes dicen que uno tiene un ROS y lo esconde".

Sbatella se refirió así al ser consultado sobre el caso que involucra al empresario Lázaro Báez y a, entre otros, Leonardo Fariña y Federico Elaskar. El funcionario sostuvo que estos último ya eran investigados por el organismo pero que "a veces no da para una denuncia penal, como en este caso".

Asimismo, Sbatella criticó que algunos fiscales le otorgan mayor celeridad a ciertas causas cuando éstas se mediatizan y resaltó la importancia de la PROCELAC.

"La querella, para nosotros, es un sustituto de la acción de los fiscales. La verdad es esa. No todos los fiscales mueven las causas con la importancia que para nosotros tienen. Y eso hizo que en la discusión de la actual legislación la oposición nos quisiera sacar la posibilidad de querellar, en un claro intento de castrar la posibilidad del Estado de impulsar las causas. Cuando uno eleva la causa a fiscalía queda prisionero de la actividad o no de los fiscales. En la práctica, nosotros impulsamos que se generara esto de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) como un instrumento del Ministerio Público de aplicación directa de todos los delitos económicos", destacó.

El titular de la UIF recordó que su entidad "tiene constitucionalmente dos principios que respetar: el debido proceso y la presunción de inocencia", situación que sólo se interrumpe cuando surge "una causa judicial que supera la investigación interna" o cuando "se auto-imputa alguien que está reportado".

"Lo que sucede muchas veces es que no da para una denuncia penal como no daba en el caso de Elaskar en sí mismo o en el caso Fariña. Eran indicios de que estaban en situaciones marginales, pero nos faltaba desde el delito precedente hasta la posibilidad de investigar más la trama de quien estaba proveyendo esas actividades. En esa investigación estábamos cuando aparecen los dos y se auto-imputan de delitos muchos mayores", recordó.

"En esas situaciones, que inmediatamente toman estado público y se judicializan, no tiene sentido mantener un proceso de administración que deriva de la ley de lavado y requiere todo un sistema de coordinación con los otros organismos del Estado", remarcó.