A pesar de que el panorama salarial 2007 parecería no mostrar grandes inconvenientes, crece la preocupación entre las empresas por los mayores costos laborales provenientes del régimen indemnizatorio y el incremento de los juicios por accidentes de trabajo. Cabe señalar que, según datos privados, las demandas presentadas a la Justicia se han duplicado respecto de 2005.
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Si bien el gobierno evaluaría disminuir 20 puntos porcentuales la indemnización especial, hoy equivalente a 150% para el despido simple, y eliminarla el próximo año cuando la tasa de desempleo vuelva a un dígito, el mantenimiento de este beneficio continúa conspirando contra la creación genuina de empleo. No obstante que los nuevos trabajadores no ingresan bajo esta norma, su vigencia genera desconfianza por la posibilidad de que sea aplicada por decisión política a todos los asalariados. Las empresas se ven así obstaculizadas para adecuar sus planteles a las necesidades del mercado en momentos en que, en varios sectores, hay carencia de oferta laboral especializada. De esta manera, el alto costo de desprenderse de trabajadores que afectan la productividad de la empresa sigue afectando la toma de decisiones en la contratación de nuevos empleados con las habilidades que requiere la demanda.
Pero los costos laborales no sólo continúan siendo afectados por el régimen de doble indemnización, sino también por el controvertido sistema de seguros de riesgos del trabajo.
Al respecto debe tenerse en cuenta que todavía el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sigue sin definir la nueva ley de riesgos del trabajo que impulsaría el gobierno con la anuencia de la central obrera y de la Unión Industrial.
En este contexto de alta incertidumbre, en los últimos meses se observa en el mercado asegurador un fuerte aumento en las demandas judiciales por accidentes laborales. De acuerdo con datos extraoficiales, se ha pasado de un nivel de 5.000 reclamos anuales a más de 10.000 este año.
Cierto es que con el aumentodel nivel de actividad, sobre todo del sector de la construcción, el número de accidentes habría crecido en términos absolutos.
Pero tras varios fallos de inconstitucionalidad de la ley de accidentes del trabajo y otros que elevaron los montos indemnizatorios (e incluso casos donde se hizo corresponsable a la empresa, con la aseguradora, del pago de la indemnización), comenzó a resurgir la vieja industria del juicio por accidentes en el trabajo.
Esto se intensificó al debatirse, en el proyecto de ley que impulsan el gobierno y la CGT, a través de su diputado, Héctor Recalde, la posibilidad de que el trabajador accidentado pueda accionar contra la empresa por la vía civil, lo cual constituyó un aliciente para presentar la demanda judicial. Cabe recordar que, de acuerdo con la ley vigente, esta alternativa le está vedada al trabajador que sólo percibe la indemnización de la ART que contrata el empleador para cubrir el riesgo de los accidentes laborales.
Otra prueba de que el sistema pende de un hilo ha sido, según trascendió, el hecho de que una ART vinculada al gremio de Luz y Fuerza haya solicitado al ente de contralor la autoliquidación.
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