Serio: El Estado gastará $ 60 millones en fábricas tomadas

El Estado destinó 60 millones de pesos de los presupuestos provinciales y de la Capital Federal en 2003 para solventar proyectos de «empresas recuperadas» . Es para que las cooperativas de trabajo que forman los ex empleados de empresas quebradas que logran la expropiación continúen trabajando en ellas con un permiso judicial . En todo el país hay 120 empresas que emplean a cerca de 12.000 personas . Algunas de las compañías no pudieron sostenerse pese al apoyo del Estado y las ventajas impositivas que poseen. Pero otras lograron, por esas mismas razones, ser competitivas y producen en niveles similares a los alcanzados con los dueños originales.

El Estado destinó cerca de 60 millones de pesos en partidas de los presupuestos provinciales y de la Capital Federal en 2003 para expropiar fábricas a empresarios en quiebra y cedérselas a los obreros para que trabajen en ellas en forma de cooperativas.

Algunas de esas «empresas recuperadas» no pudieron sostenerse por la actuación de otros competidores del mercado, a pesar de las ventajas impositivas y el sostén del Estado que poseen.

Otras se encuentran en funcionamiento y producen en niveles similares a los que alcanzaban con los dueños originales, pero algunas de sus situaciones legales son inestables.

Las cooperativas de trabajo -unas 120 actualmente funcionan en el país y emplean a cerca de 12.000 personas-dan continuidad de trabajo, por lo que son más productivas que los planes asistenciales. Pero detrás de la meta de continuidad laboral, se vislumbra el interés del gobierno por que el Estado avance sobre la actividad privada, como al someter a empresas a un control de «precios máximos», caso prepagas y supermercados.

«La situación es muy preocupante porque el concepto de las fábricas recuperadas quedó obsoleto hace varias décadas en el mundo», explicó el profesor de organización empresaria de la Universidad del CEMA, Marcos Gallacher. Y agregó: «Aun con las ventajas impositivas y ayuda del Estado que tienen, esas cooperativas no se sostienen».

Gallacher se refiere a que por ser cooperativas, las empresas recuperadas no pagan Impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos (33% sobre las ganancias de la empresa y 2,5% sobre las ventas totales, respectivamente).

Además Gallacher resaltó que «tampoco pagan los costos que paga todo empresario que inicia un proyecto, ya que a esos recursos se los otorga el Estado».

Esos son dos de los principales motivos por los que «cooperativizar» baja los costos de producción, y hace más competitiva a la empresa que cuando era privada.

El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo que «la mayoría de las empresas recuperadas están trabajando igual o mejor que con sus dueños originales. Los trabajadores cobran sueldos promedio de $ 1.000, monto muy superior a lo que cobran personas que hacen el mismo trabajo en fábricas privadas».

Los empleados de cooperativas tienen el sueldo atado a los ingresos de la fábrica ya que se lo reparten, según ellos «después de pagar los impuestos y las materias primas». Por lo tanto, si los ingresos son nulos, nadie cobra sueldo.

Esta ausencia de remuneración suele extenderse durante los primeros meses, según explicó el abogado Luis Caro, titular del Movimiento de Fábricas Recuperadas, que nuclea a 80 industrias.

Caro cree que «los trabajadores saben que en algún momento van a cobrar. Eso es mejor que estar desempleado».

Osvaldo Alonso, el subsecretario de Producción de la Ciudad de BuenosAires, aclaró que «no se da la expropiación a cualquier cooperativa que quiera hacerse cargo de una fábrica sino que se estudia que el proyecto sea viable. Además un grupo de técnicos del Gobierno porteño los ayuda a llevar adelante el plan porque hay que transmitir cierto espíritu empresario a un grupo de trabajadores que está ajeno a ese tipo de temas».

Sobre esto, Gallacher cree que «las empresas necesitan eficiencia en la toma de decisiones y la única persona con capacidad para hacerlo es un empresario». E ironiza: « cuando a una empresa le va mal, los recursos deben redireccionarse hacia otra actividad, otra gerencia u otro producto. Si esto no se hubiera entendido no habría automotrices y seguirían abiertas las fábricas de sulkys».

Según estadísticas que maneja el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), 60 por ciento de las cooperativas son firmas del sector metalúrgico, 30 por ciento gráficas y las demás tienen dedicaciones varias.

Algunas de las empresas postulan como objetivo alcanzar la «estatización con control obrero». O sea que el Estado expropie sin pago y los empleados administren la producción como empleados públicos. Esta posición es minoritaria y está influida por partidos de izquierda que participan muchas veces de las tomas de las fábricas.

Pero esta postura sólo trajo tensión con los jueces e impidió que los trabajadores logren estabilidad en la recuperación.