Serio: no frenarán las leyes contra empresas

Pese a la promesa del gobierno de frenar iniciativas, el Congreso -de la mano del representante de Hugo Moyano en Diputados, Héctor Recalde- avanzará esta semana con proyectos de leyes laborales. Apuntan a incrementar aún más los costos de empresas -con la eliminación por ejemplo del tope a las indemnizaciones- y derivará paralelamente en menor creación de puestos de trabajo. Se repite algo lamentablemente clásico de la política laboral en la Argentina: por intentar proteger a asalariados se terminará afectando a desocupados. No es casualidad que se ubique aún en 14,1% el desempleo tras tres años de crecer a 9% la economía. Tampoco es casualidad que las empresas hayan vendido 25% más en 2005 pero que al mismo tiempo la rentabilidad haya caído de 42% a 26,4% del patrimonio. Si a estas iniciativas se suman fallos de la Justicia (el más grave: la tercerización, que permite demandar no sólo a empresa contratante sino a su proveedor) se completa un contexto poco alentador en materia del trabajo en la Argentina.

Continuará el avance esta semana en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados de algunos de los proyectos de reforma a la Ley de Contrato de Trabajo que preocupan a las empresas. No existen datos alentadores sobre modificaciones a cualquiera de esas alternativas. Pero si bien el gobierno no está dispuesto a frenar la marcha de esos proyectos -como hace 15 días había informado el jefe de Gabinete a un grupo de empresarios asustados por la suba de costos y la inseguridad que suponen-, el debate en la comisión parece ahora más abierto.

La agenda de esta semana de Héctor Recalde, jefe de Legislación del Trabajo, seguirá tan nutrida como antes que Alberto Fernández prometiera que no se debatirá en el Congreso ningún proyecto de reforma laboral que no haya sido enviado por el Poder Ejecutivo.

Por ahora sólo en una de esas reformas se sigue cumpliendo la promesa: no habrá debate del proyecto de ley que modifica el régimen de Riesgos del Trabajo -que ratificará los fallos judiciales que avalan la vía de la responsabilidad civil de las empresas en casos de accidentes- hasta que el gobierno no gire esa demoradísima propuesta, que desvela a las empresas por no tener aún definiciónrespecto de qué incluirá exactamente.

Es una tarea que el Ministerio de Trabajo no termina por cruces con sus pares de Economía, aunque el objetivo final del proyecto ya esté marcado.

Recalde considera que «ésa es la madre del borrego» y que el resto de las críticas a los cambios que él -y su jefe político Hugo Moyano- impulsan en el Congreso son sólo « quejas preventivas».

Lo cierto es que los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo votó por unanimidad no avanzar con ningún proyecto de reforma al régimen de ART hasta que el Poder Ejecutivo no envíe su proyecto.

Pero mientras transcurre esa espera, otros temas seguirán avanzando, desvirtuando así para temor de las empresas que ven un horizonte de menos contrataciones y suba de costosla idea de que el «desmonte» de la legislación laboral actual se ha frenado.

Canillitas

Esta semana la comisión recibirá a los representantes de tres cámaras de empresas periodísticas para debatir un proyecto que en origen presentó Saúl Ubaldini para derogar el decreto de desregulación de la actividad de los canillitas.

Pero ése no es el tema que desvela a los diputados. Más importante es la propuesta que esperan por parte de los representantes de empresas sobre el proyecto que pretende modificar los topes indemnizatorios: «Estamos dispuestos a dialogar y escuchar alternativas, por eso esperamos a ver si las empresas presentan alguna propuesta», decía anoche Recalde a Ambito Financiero.

Esos topes a la base de cálculode las indemnizaciones fueron fijados en 1991 -tres salarios promedio del convenio colectivo-, pero desde que la Corte Suprema lo declarara inconstitucional los fallos judiciales han ampliado los montos indemnizatorios a una base que refleje el salario real cobrado por cada despedido. Ahora se quiere traducir ese cambio de la Justicia en la Ley de Contrato de Trabajo, ratificando el encarecimiento de costos para las empresas.

Otro de los cambios que más defienden Recalde y los diputados de la comisión es la limitación a las modificaciones unilaterales del contrato de trabajo. Tampoco en este caso se detecta que haya un freno en Diputados. «Durante la dictadura se respetaron los límites del empresario de modificar el domicilio de trabajo, el puesto o el horario. La única posibilidad del trabajador, entonces, era considerarse despedido», explica Recalde. «Estamos hablando sólo de las condiciones esenciales, para el resto el empresario sigue teniendo facultades», se defiende el diputado.

El proyecto que se impulsa establece la posibilidad de que el empleado rechace un cambio del lugar donde presta servicio, el horario o que se lo cambie de categoría. Es uno de los temas que más preocupa a las empresas y sobre el que los diputados de la comisión esta semana también esperan alguna propuesta de debate de las centrales empresarias.

Finalmente, habrá un cambio esta semana en el proyecto que modifica el artículo 80 de la LCT por el que cualquier empleadopuede pedir su certificadode servicios antes de terminarla relación laboral. La comisión estaría por aceptar poner un límite a esa posibilidad estableciendo que ese pedido puede solicitarse sólo una vez al año.

R.R.