El peronismo consiguió con facilidad aprobar esta semana el dictamen de la ya famosa Ley de Responsabilidad Fiscal, pero no le resultará tan simple pasar la prueba del recinto de Diputados el próximo 4 de agosto, momento en que el gobierno aspira a que se convierta en ley. Tiene en contra Néstor Kirchner el rechazo de toda la oposición de la Cámara de Diputados e incluso de muchos duhaldistas, que aunque por ahora se mantienen en silencio, ya están dando muestras de rebeldía. Ese panorama deberá contrastarse con la decisión de los gobernadores de sancionar la ley, que se sabrá definitivamente recién en el día de la sesión.
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Los radicales entraron en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se debía emitir el dictamen del proyecto, sabiendo que sólo podrían protestar. El jujeño Carlos Snopek, presidente de esa comisión, se había garantizado el número suficiente de peronistas para emitir un dictamen de mayoría sin problemas. Aunque no tenía sobre el escritorio un solo papel para explicarles a los diputados en qué consistía la «responsabilidad fiscal» y mucho menos algún informe del gobierno, que en este caso se limitó sólo a dar la orden de aprobarla. «Esto es una muestra más del desprecio que nos tiene Lavagna», acordó un grupo de peronistas.
«Sin un estudio más profundo es una barbaridad sacar dictamen», advirtió Horacio Pernasetti, jefe de los radicales. La protesta partió porque el radicalismo había propuesto modificaciones y ya desde antes de la reunión -desde el peronismo-se le comunicó que no se iba a aceptar cambio alguno. Por eso la inutilidad incluso de concurrir a una reunión con final anunciado.
Era tanto el disgusto de la oposición en la reunión que el kirchnerista Daniel Gallo y el jefe del bloque, José María Díaz Bancalari, tuvieron que prometer -después de escuchar dos horas de discusiones e insultos por la falta de democracia en el debate-que abrirían la posibilidad de introducir cambios en el proyecto durante el tratamiento en el recinto. Ambos oficialistas quizá ni se dieron cuenta de lo que estaban prometiendo: aceptar cambios a la futura ley, por lo que deberá volver al Senado. Algo equivalente a abrir la caja de pandora.
La promesa fue levantada enseguida por el demócrata santafesino Alberto Natale que prometió analizar un apoyo al voto en el general en el recinto, pero reclamó también modificaciones.
La izquierda estuvo representada en la comisión por Claudio Lozano. Más allá de su posición en contra de restringir el gasto a provincias, pareció uno de los pocos presentes que entendían de qué se estaba hablando. Lozano repitió lo que los gobernadores dijeron durante la discusión con el gobierno: «Esto es un corset para las economías provinciales. Una vez aprobada esta ley, nunca más se va a poder aumentar el gasto y esto va a impactar en la gente. Durante la década del '90, el Estado trasladó educación, salud y seguridad a las provincias. Entonces, nunca se podrá dar aumentos con esos presupuestos». Algo exagerado, Lozano no tomó en cuenta que un aumento de recaudación en las provincias o crecimiento de su producto sí podrán habilitar incrementos en el gasto.
El ex gobernador mendocino Roberto Iglesias hizo un planteo más que lógico: «Acá se empieza por el final. Primero debió aprobarse una reforma tributaria, luego la del sistema previsional y la coparticipación, para finalmente ésta de responsabilidad fiscal. Empezamos por el final porque lo otro no se puede tratar». Criticó lo que el resto de la oposición también había marcado: «Esto les ata las manos a las provincias. Es demasiado el poder que va a tener Economía sobre el Consejo Federal: puede utilizarse para controlar a las provincias amigas o castigar a las enemigas», dijo.
Para terminar de mostrar el panorama que espera al gobierno en el recinto, Mario Cafiero alertó: «El que avisa no traiciona. Apenas se apruebe la ley vamos a pedir la inconstitucionalidad porque viola el federalismo que consagra la Constitución».
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