Los entes reguladores de los servicios públicos privatizados fracasan en su objetivo de abogar ante las empresas por los intereses de los usuarios y por lo tanto deben ser reformulados, y a ello se suman usuarios que son relativamente pasivos y no clientes exigentes, expresó un estudio de legisladores y dirigentes del Frepaso.
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La importancia de esos organismos radica en que la privatización de empresas públicas «no garantiza la eficiencia económica y menos aún la eficiencia social» y en que la operación privada no asegura beneficios sociales como tarifas justas, mejoras en la calidad del servicio y su extensión a más usuarios, agregó el trabajo.
El Frepaso impulsa un proyecto de ley, presentado en abril, que incluye tarifas de interés social, y estudiar la reforma a la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones. En un sentido más general los hombres del Fepaso, postulan una «imprescindible intervención del Estado para llevar a cabo políticas activas, correctoras, compensatorias y complementarias de las reglas del mercado». El estudio expresa que las relaciones de consumo de bienes y servicios deben realizarse en «un marco de equidad, veracidad y razonabilidad, para superar la vulnerabilidad del consumidor y la inequitativa relación de consumo fijada en la década anterior, en desprecio de la competitividad de la producción argentina». «Un proyecto de regulación de los servicios públicos privatizados» es el título del trabajo elaborado por los diputados del Frepaso Ricardo Vago, Fernando Melillo, Rubén Giustiniani y Alejandro Peyrou; el senador Pedro Del Piero y la ex diputada y ex viceministra del Interior Nilda Garré.
Modificaciones
También participó la diputada Elsa Quiroz, actualmente en el ARI -la fuerza que encabeza Elisa Carrió-, y funcionarios del Frepaso que trabajan en organismos reguladores, Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación, entre otros. El estudio, contenido en el número 1 de «Pensar-Hacer», publicación de la Fundación Carlos Auyero, parte de la premisa de que la llamada «desregulación» de mercados encubre «una re-regulación» y de la necesidad de que las privatizaciones «vayan acompañadas de la creación de una intervención estatal diferente». La forma en que los entes reguladores fueron constituidos y las atribuciones que se les dieron, derivan -según el trabajo-en que los grupos privados «obtengan modificaciones significativas de los regímenes regulatorios ya negociados».
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