Si gana en octubre, PJ le pondrá el vice a De la Rúa

Las provincias del PJ acordaron ayer presentar ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el gobierno nacional, para conminarla a cumplir con la entrega de los Fondos de Coparticipación Federal atrasados que les corresponde por ley. La decisión fue la principal de las que se adoptó en la reunión que los mandatarios del Frente Federal Solidario, que agrupa a las provincias "chicas", mantuvieron en la Casa de San Luis en la Capital Federal, y a ella se adhirieron los mandatarios de Buenos Aires y Santa Fe, en tanto se esperaba la aprobación de Córdoba. Se trata de una "acción de amparo con medida cautelar de no innovar", para que el gobierno abone completamente los fondos de coparticipación contenidos en el compromiso federal, y para evitar un posible nuevo recorte impulsado por el Ministerio de Economía.

Los gobernadores del Frente Federal Solidario se reunieron ayer en la Casa de San Luis

Los gobernadores justicialistas dieron ayer la puntada final a su estrategia de batalla contra los atrasos en los envíos de fondos nacionales: presentarán hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el gobierno nacional para exigir que se cumpla con las transferencias de coparticipación pautadas en los compromisos federales de 1999 y 2000.

No se trata del único frente de contienda: uno de los mandatarios reconoció ante Ambito Nacional que no se habló sólo de números. «Estamos armando un espacio interno a futuro y no aceptaremos más padrinazgos de nadie», dijo. Y adelantó que harán valer «la mayoría del Frente Federal en el Congreso, incluso para la presidencia del Senado». De concretarse la amenaza, romperán con la histórica línea sucesoria de la presidencia de la Cámara Alta.

En tanto, anoche los gobernadores aliancistas mantenían intensas negociaciones telefónicas, en un intento de reposicionarse frente a la estocada del PJ. Algunos mandatarios no descartaban sumarse a la demanda justicialista.

La avanzada judicial contempla una acción de amparo con una medida cautelar de no innovar, «ordenando a los demandados que se abstengan de alterar con cualquier modalidad y por cualquier medio el sistema de distribución automática y diaria previsto en la cláusula sexta del compromiso federal».

Dicho compromiso prevé que la Nación debe garantizar un piso en los envíos mensuales de coparticipación de $ 1.364 millones durante este año y el siguiente.

Anoche, en tanto, los técnicos provinciales del PJ trabajaban en la incorporación de una cláusula accesoria en la demanda que contempla una «salida política». Allí le proponen a la Corte la posibilidad de llamar a una audiencia de conciliación entre Nación y provincias. De fracasar. entonces sí pedirán la medida cautelar.

Antes de la presentación habrá una reunión previa a las 11 en la Casa de Salta, donde firmarán la demanda los fiscales de Estado provinciales.

«Vamos a exigir que se cumpla el compromiso federal, que incluye lo que hoy -sin haber dictado ninguna resolución-la Nación está incumpliendo», dijo a la salida del encuentro el puntano Adolfo Rodríguez Saá. « Calculo que la Corte se va a expedir rápidamente, porque es una situación límite», evaluó el santacruceño Néstor Kirchner, a quien en particular la Nación le debe $ 200 millones.

En realidad, fueron los gobernadores del Frente Federal Solidario -que nuclea a las once provincias «chicas» del PJ-quienes ayer en la Casa de San Luis terminaron de definir la demanda que hoy a las 12 presentarán ante el máximo tribunal nacional. Vía línea telefónica, en tanto, llegó el apoyo a la iniciativa por parte de dos conductores de las provincias «grandes»: el bonaerense Carlos Ruckauf y el santafesino Carlos Reutemann, quienes también firmarán la demanda. La tercera figurita difícil, el cordobés José Manuel de la Sota, al cierre de esta edición no había confirmado su rúbrica.

«Vamos a invitar a los gobernadores de la Alianza a que también suscriban la presentación», dijo Rodríguez Saá. Horas antes, había llegado vía fax a mano de todos los mandatarios del Frente Federal un mensaje del aliancista chaqueño Angel Rozas. Allí los invitaba a «hacer un frente común para garantizar el cumplimiento del Pacto Fiscal Federal y los compromisos de la coparticipación».

«La actitud de Rozas cayó bien entre los gobernadores, pero esperábamos que hoy también firme», confesó por lo bajo uno de los mandatarios justicialistas.

Fuentes cercanas a Rozas aseguraron luego que el mandatario «no descarta» sumarse a la acción de amparo de sus pares justicialistas. Pero impulsa además una iniciativa que -dicen-considera más viable: un acuerdo entre todos los mandatarios provinciales para que el Congreso declare «intangibles» los fondos coparticipables. «Tiene más chances de dar resultados satisfactorios en materia de tiempo y de posibilidades de ser aprobado, ya que la Corte Suprema rechazó una presentación similar de Jujuy», aseguraron.

Por su parte, también el aliancista gobernador entrerriano Sergio Montiel había manifestado días atrás su intención de concretar una presentación ante la Corte, aunque anoche no se había confirmado su participación en la movida del PJ.

A la reunión -de más de cuatro horas de duración-asistieron los gobernadores Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Angel Maza (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta); los vice-gobernadores Sisto Terán (Tucumán), Heriberto Eloy Mediza (La Pampa) y Daniel Gallo (Tierra del Fuego) y el coordinador del Frente Federal Solidario, el diputado por Misiones y ex mandatario Ramón Puerta.

La gota que rebalsó el vaso de la paciencia provincial fue quizás el reconocimiento por parte del ministro Domingo Cavallo -ayer el funcionario más criticado-de que la Nación no podría cumplir con la garantía de coparticipación en los últimos meses.

Las declaraciones de los mandatarios aportaron dramatismo:

• « Si no se cumple con el compromiso se está atentando contra la estabilidad en provincias, la paz social y la reactivación del país», dijo el puntano Rodríguez Saá. «Hay que cambiar el modelo: la mayoría de los economistas argentinos son lobistas de los bancos, y este sistema sólo beneficia a los bancos.»

• «De la Rúa es el verdadero riesgo-país. Si Nación no envía los fondos adeudados habrá una rebelión institucional en el país», aportó Kirchner, pensando ya en una «movilización federal hacia Plaza de Mayo» como una herramienta de protesta factible.

La deuda en los envíos nacionales durante los primeros nueve meses del año asciende a $ 566 millones. El mes pasado, por caso, giró 26% menos de lo previsto en concepto de coparticipación.

Las provincias necesitan los fondos nacionales como el aire que respiran, sobre todo en el marco de la imposición nacional para llegar al déficit cero. «Es como que le dijeran a un gordo de 120 kilos que adelgace para el sábado a 70 kilos, para que le entre el traje», graficó la orden nacional una fuente norteña.

Se conocieron ayer, en tanto, otras dos confirmaciones que auguran un nuevo festival de bonos en las provincias:

• Las demoradas Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) de Nación saldrán a la calle el 15 de octubre.

• El bono Libertador, pergeñado por las provincias, será enviado a impresión en 30 o 45 días (ver Tapa).

Apropiación

La acción de amparo que presentarán hoy los gobernadores consta de 32 páginas donde se detallan las formas en que la Nación se fue apropiando de cada vez más fondos coparticipables. He aquí un punteo:

1 - La administración central tomó en forma directa fondos de varios impuestos y los destinó a soportar costos de obligaciones previsionales nacionales.

2 - Se celebraron pactos fiscales y reestructuraciones impositivas en las que el Estado nacional garantizó pisos de coparticipación.

3 - Se acordó un último piso de 1.364 millones de pesos mensuales para 2001.

Este mismo pacto no fue cumplido. Sobre el incumplimiento es que pesará el recurso de amparo de hoy.

Como resultado de esta evolución los gobernadores aseguran que la participación efectiva de las provincias en la coparticipación de impuestos pasó de 57,66% a 40%, es decir que se invirtió la distribución original que preveía la primera leyconvenio en la materia.

Como si esto fuera poco, señalan los mandatarios, la Nación transfirió a las provincias todos los servicios de salud y educación.