Hasta ayer, primer día hábil de vigencia de la desregulación de las obras sociales una sola prestadora se anotó en el registro de empresas que competirán en el mercado de salud de los trabajadores. La Asociación Mutual Mercantil Argentina, que opera en Córdoba, fue la única que presentó solicitud ante la Superintendencia de Servicios de Salud para ingresar al sistema, el resto de las prepagas siguen manteniendo su rechazo a competir, tal como habían anunciado antes de la firma del decreto reglamentario de la desregulación.
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A pesar de eso Héctor Lombardo, ministro de Salud, consideró que el primer día de vigencia del nuevo sistema tuvo «una repercusión excelente», y dijo que espera una «respuesta importantísima de la gente» para participar del mercado.
Para el gobierno, la crítica de las empresas de medicina prepaga a la redacción del decreto forman parte «del último lobby», ya que, a su criterio, «esperaban otra desregulación».
Las prepagas «querían una desregulación como la planteada por el gobierno anterior, en la que una vez que la prepaga tenía un afiliado le decía que para determinadas prestaciones debía poner más plata», dijo ayer Lombardo.
El ministro también atacó ayer los cuestionamientos de los empresarios sobre la supuesta poca claridad de los alcances del Programa Médico Obligatorio, y les recomendó que: «Lean el listado, porque cumple con todos los requisitos y necesidades de atención médica de las personas».
Desinterés
Pese al optimismo oficial, muchas de las más grandes prepagas reiteraron ayer que no se inscribirán en el sistema hasta tanto no se aclaren los «puntos grises» del decreto reglamentario que firmó el viernes pasado el presidente Fernando de la Rúa: «Por ahora las prepagas no están interesadas en participar del sistema porque no están claros los elementos fundamentales para poder definir si nuestras empresas van a estar capacitadas para dar una cobertura como la que estamos acostumbrados a ofrecer», dijo ayer Pablo Giordano, titular de la asociación que nuclea a las prepagas.
Entre las críticas de la Asociación de Empresas de Medicina Privada al decreto reglamentario figuran «la falta de un listado de las prestaciones que cubrirá el Fondo Solidario de Redistribución», que cubrirá los tratamientos de alto costo y baja incidencia como trasplantes, sida u oncología.
