Tarifas: crece pelea con empresas

El gobierno ratificó ayer su compromiso de garantizar «tarifas socialmente aceptables» para los servicios públicos, ante la inminente renegociación de los contratos con las empresas prestatarias. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, explicó que la negociación se hará sobre cuatro condiciones:

• que «no se resientan las prestaciones ni se reduzcan las inversiones»;

• que las compañías no deban afrontar «dificultades económicas»;

• que «no se produzcan despidos»;

• que «las tarifas sean socialmente aceptables».

No obstante, Atanasof advirtió en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que hasta el momento no hay novedades sobre aumentos en lo inmediato al ratificar que antes deberán realizarse audiencias públicas y debates en el Congreso.

El ministro salió a bajar el tono a las informaciones periodísticas que el pasado fin de se-mana dieron cuenta de que la suba de los servicios públicos privatizados podría trepar a 30%. «No hay nada, absolutamente nada de eso. Que la gente se quede tranquila», se-ñaló.

Atanasof recordó que hace ocho meses que se habla de incrementos y, pese a que se produjo «una devaluación de 360%, las tarifas de los servicios públicos no han aumentado un peso, porque el proceso de discusión recién comienza».

Agregó que «en esta discusión van a estar presentes las entidades defensoras de los consumidores, el defensor del pueblo, las empresas y los legisladores. Después de esto, el gobierno recién va a tomar decisiones».

• Crítica

Al respecto, la distribuidora eléctrica Edenor criticó al gobierno por no haber respetado el plazo de 120 días durante el cual la Ley de Emergencia Económica autorizaba a renegociar los contratos de concesión. En una dura solicitada publicada ayer, la empresa adujo que «el plazo venció, las tarifas de distribución y las exigencias contractuales continúan en los niveles de noviembre de 2001, pero los costos de los materiales básicos se incrementaron hasta 200%, mientras las pérdidas económicas siguen acumulán-dose».

Edenor precisó también que, como consecuencia de la devaluación de la moneda, su patrimonio sufrió una pérdida de mil millones de pesos, cifra que duplica las ganancias acumuladas desde el momento de su privatización. La empresa volvió a exigir al gobierno la adecuación de las tarifas, ya que de lo contrario ello se traducirá en «menos obras de ampliación y mantenimiento de la red, menos empleo e inclusive cortes de energía».