Tarifas: la Justicia suspendió audiencias

Un fallo judicial suspendió las audiencias que debían empezar hoy para debatir aumentos en las tarifas de servicios públicos. El Ministerio de Economía dijo que apelará y que la medida genera «preocupación» porque forma parte del acuerdo que se estudia con el Fondo Monetario. No obstante, el proceso que realizó el Palacio de Hacienda venía siendo cuestionado por todos los sectores, incluyendo asociaciones de consumidores, entes reguladores y empresas privatizadas, por lo cual el fallo no causó sorpresas. Por la vía de la apelación, el proceso podría demorarse más de dos o tres meses hasta llegar a la Corte Suprema. Pero es improbable que suban tarifas en plena campaña pre-electoral, por lo cual el problema quedaría para el próximo gobierno, algo que Ricardo López Murphy llama el «pasivo oculto». Así, el alivio que podría generar hoy la medida judicial terminaría teniendo un costo alto para el Estado y para los usuarios en el futuro.

Tal como se venía previendo, la Justicia ordenó ayer suspender las audiencias públicas convocadas para debatir aumentos de urgencia en las tarifas de gas, electricidad, teléfonos y peajes. La primera de ellas, correspondiente a la electricidad, debía realizarse hoy en el Correo para lo cual la Policía Federal estaba empezando a montar un operativo de seguridad, mientras la CTA y otras organizaciones habían advertido que formarían una cadena humana para impedir el acceso al edificio y la realización del debate.

La decisión de la Justicia fue calificada como «absolutamente previsible» en una de las privatizadas, considerando las desprolijidades con que se habían realizado las convocatorias. «En un tema tan delicado como éste, debió haberse cuidado mucho de cumplir con las leyes vigentes», añadió la fuente.

En el mismo sentido, en una de las eléctricas afirmaron que «si el llamado se hace mal, es porque se está buscando que lo reboten». «Ahora --añadieron-estamos nuevamente a fojas cero, con lo que se acumulan nueve meses sin toma de decisión, mientras nuestros insumos crecieron 88% y las tarifas están pesificadas y congeladas desde enero.»

A última hora de ayer, casi como para evitar que el gobierno tuviera tiempo de apelar y realizar la audiencia, la jueza Claudia Rodríguez Vidal ordenó la medida cautelar que suspende las audiencias convocadas «con la finalidad exclusiva de considerar una recomposición tarifaria de urgencia, hasta tanto las mismas puedan tener lugar como parte del proceso global de renegociación».

• Solicitantes

La medida había sido solicitada por asociaciones de usuarios y por la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. Pero el proceso también había sido objetado por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien había anticipado que «antes o después impugnaría las audiencias en sede administrativa y, de ser necesario, en sede judicial».

Según la jueza del fuero contencioso-administrativo, «no parecería preliminarmente factible separar la cuestión atinente a la modificación de las tarifas del resto de las mate-rias que deben ser analizadas en el marco de la renegociación integral de los contratos de servicios, tales como la calidad de los mismos o los planes de inversión, los niveles de endeudamiento, la rentabilidad de las empresas en los períodos precedentes y sus utilidades, pues todos han sido establecidos como criterios para el proceso de renegociación por la Ley 25.561 (de emergencia pública)».

Según Rodríguez Vidal, «tampoco resulta de los avisos de la convocatoria, la participación que hubiera tenido en esta decisión no sólo la comisión de renegociación, sino especial-mente los entes reguladores de cada servicio».

Añadió que ese aspecto «es particularmente relevante en lo atinente a los servicios de transporte y distribución de gas y energía eléctrica, cuyos marcos regulatorios contemplan la realización de audiencias públicas», las que «deben realizarse con la necesaria participación de los entes de control por la cual las audiencias convocadas no se ajustan a las exigencias de los marcos regulatorios concretos».

La jueza sostuvo que «tal como han sido convocadas, las audiencias impresionan como un mero formalismo». Esta opinión del fallo también es compartida curiosamente por todos los interesados, desde las entidades de consumidores, hasta las empresas privatizadas.

Esto es así porque el ministro de Economía, Roberto Lavagna, había dicho en reiteradas oportunidades en forma pública que habría un aumento de tarifas inferior a dos dígitos, y que no afectaría a los usuarios que menos consumen.