Tarifas: se espera para el lunes ola de amparos

El lunes próximo se producirá una verdadera avalancha de amparos interpuestos por asociaciones de defensores de consumidores y particulares que se considerarán perjudicados por el decreto de reajustes, aduciendo su inconstitucionalidad, según aseguraron fuentes de esos organismos. Inclusive se animaron a pronosticar que «los jueces dictaminarán a nuestro favor antes del viernes que viene, y como los efectos serán retroactivos, los aumentos ni siquiera regirán durante los días que medien entre el decreto y los fallos». Los reajustes en luz y gas están vigentes desde ayer, tal como informara este diario. Esto es así en virtud de que el Decreto 146/03 que los instrumenta fue publicado en la víspera en el Boletín Oficial, y su parte resolutiva indica que «entrará en vigencia a partir de su publicación».

En tanto, el juez de feria Martín Silva Garretón no se pronunciaría respecto de los amparos presentados durante la última semana en contra de los aumentos de tarifas que pretende aplicar el Poder Ejecutivo. El lunes, al final del período de descanso de la Justicia, el magistrado remitiría las causas a los jueces naturales en lo Contencioso Administrativo.

En tanto, empresas y defensores de los consumidores coincidieron ayer en que sea el gobierno -mediante la reducción de impuestos- quien se haga cargo de los retoques (necesarios para las primeras; inconstitucionales para los segundos) introducidos por el Poder Ejecutivo en los cuadros tarifarios de las privatizadas.

• Opciones

La mayor incógnita hasta anoche, tanto en el gobierno como en quienes se oponen a los aumentos, era qué determinación tomaría Silva Garretón. Las opciones que tiene son dos:

• hacer lugar o no a los amparos presentados por el ombudsman nacional Eduardo Mondino -junto con ADECUA, de defensa de los consumidores-, su colega porteña Alicia Oliveira y otros particulares que se consideraron damnificados por los aumentos, para lo cual deberá habilitar la feria;

• no habilitar la feria y dejarle la cuestión al juez natural en lo contencioso administrativo que deberá ocuparse de los amparos a partir del lunes próximo. Según pudo saber este diario, ésta será la alternativa elegida por Silva Garretón.

Como suele suceder en estos casos, el decreto dejó inconformes a ambas partes: las privatizadas hicieron saber que el porcentaje de incremento ni se acerca a sus pretensiones de mínima para (aseguran) mantener los servicios en los estándares actuales. Edelap, que distribuye energía eléctrica en la zona de La Plata, fue más allá de los trascendidos y emitió un comunicado en el que aseguran esto mismo, pero poniéndole la firma.

No fueron los únicos: Adriana Lauro, vocero de Aguas Argentinas, reclamó un reajuste de 15% sobre los niveles actuales de su cuadro tarifario, apoyada sobre un plan de inversiones por $ 250 millones para todo 2003.

Por su parte Jorge Cermesoni, ombudsman nacional adjunto (el titular, Mondino, está de vacaciones), dijo a este diario que «estamos estudiando si hacemos una nueva presentación judicial contra el nuevo decreto, o esperamos que el juez se pronuncie sobre la que hicimos el lunes, contra el decreto anterior que habilitaba al Ejecutivo a aumentar las tarifas, sobre el cual Silva Garretón aún no se ha expedido».

El funcionario insistió en que «el gobierno no puede vulnerar la división de poderes ni hacer caso omiso a una decisión judicial que está vigente», en relación con los fallos de tres jueces impidiéndole al Ejecutivo retocar los cuadros tarifarios de las privatizadas. Su par porteña Oliveira, en cambio, no esperó: ayer mismo se presentó en la Justicia para impugnar el decreto alegando inconstitucionalidad.

En tanto, Sandra González (titular de ADECUA), afirmó que «no podemos permitir que nuevamente el peso de los aumentos recaiga todo en los usuarios. Nosotros no nos oponemos a que a las empresas se les ajusten las tarifas, pero no de este modo: seguimos pensando en que hay que sentarse a discutir en la Comisión de Renegociación de Privatizaciones».

• Alivio

Tanto González como Cermesoni afirmaron que «una forma de aliviar la situación de los usuarios sería achicando la carga tributaria que pesa sobre las facturas: entre 30% y 40% de lo que pagamos por los servicios son impuestos». González fue aun más lejos: «El gobierno dispuso la pesificación asimétrica; pues bien, que ahora se haga cargo...».

Curiosamente, el argumento fue compartido por al menos tres empresas privatizadas consultadas. Una de ellas, inclusive, recordó que en las primeras reuniones de la mencionada comisión «propusimos que el gobierno dejara de percibir, al menos durante un tiempo a determinar, la parte que le corresponde por impuestos sobre el aumento que se concedería. De esa manera se aliviaría la carga sobre los clientes. Pero no lo aceptaron.»

Lauro, de Aguas Argentinas, también pidió que «si tiene esa potestad, que el Poder Ejecutivo rebaje la alícuota del IVA a fin de que el aumento para el cliente sea de sólo 10%».

Desde ya, en un momento en que el gobierno apunta a elevar la recaudación impositiva, parece casi ilusorio pensar que en el Palacio de Hacienda se acepte resignar el aporte extra que ingresará a sus arcas a partir de hoy mismo. Y en cuanto al pedido de Aguas, es poco probable que «vuele»: se sabe que sólo el Congreso puede modificar impuestos.

Cermesoni apela a la razón: «Hay que volver a sentarse a discutir todo el marco regulatorio porque no puede seguir violándose la ley. Es verdad que las privatizadas aducen premura para ajustar sus precios, pero creo que -como máximo- en dos meses la renegociación podría estar lista. Y ellos tienen muchísimo tiempo para recuperar lo perdido este año: no van a irse del país mañana...»