Tarjeta de Moreno: una amenaza para que bancos y empresarios bajen precios

Economía

El anuncio de una nueva tarjeta de crédito que lanzarían las principales cadenas de supermercados ya tiene un nombre tentativo: Súper Card. Sin embargo, se trata de una iniciativa que aún presenta distintos interrogantes y aspectos por instrumentar.

La noticia se vincula con la decisión oficial de mantener los precios "congelados", si es posible hasta octubre próximo. Este congelamiento surgió de un acuerdo de partes entre el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y los representantes de las principales cadenas de supermercados, al que luego se sumaron las cadenas de electrodomésticos, que se puso en práctica el primero de febrero.

Dentro del gobierno, quienes no lo quieren a Moreno, señalan que, desde que se anunció el congelamiento, "cada dos días, los diarios opositores se dedican a demostrar cómo no se cumple el acuerdo y siguen subiendo los precios". En voz baja dicen que la presidente Cristina de Kirchner, molesta por estas notas, habría solicitado explicaciones al Secretario de Comercio sobre el grado de cumplimiento de la medida.

Moreno mantiene reuniones permanentes con el sector supermercadista en las que redobla la presión para que se mantengan los precios. En este contexto, las cadenas plantearon el problema que suponen los costos. Una primera solución planteada por el Secretario fue indicarles que eliminen las campañas publicitarias (principalmente concentradas en los grandes medios de difusión).

El resultado fue que la imposibilidad de publicar avisos terminó afectando en parte las ventas de los supermercados, en algunos casos de manera significativa, según sostienen en fuentes del sector.

Cuando el viernes pasado Moreno les anticipó a los supermercadistas que el congelamiento podría prorrogarse, el tema de los costos volvió a surgir en la mesa de conversaciones y fue en ese contexto, señalan, que el funcionario reflotó la idea de contar con una tarjeta de crédito emitida por los supermercados. El objetivo es la bajar la comisión que hoy cobran las principales tarjetas de crédito a las cadenas, en el orden del 3%, a 1%.

Para poner en práctica el proyecto se necesita superar distintas barreras. Una es la del fondeo y, desde esta perspectiva, la aspiración de los supermercadistas sería contar con el apoyo del Banco de la Nación.

Por la masividad que tendría la Súper Card su implementación llevará su tiempo dado que la tarjeta sería un emprendimiento conjunto de los principales cadenas de supermercados a lo cuales se buscaría sumar los comercios que venden electrodomésticos. Otra duda es si la Súper Card conviviría, o no, con las tarjetas propias que hoy ya tienen los supermercados.

Lo que sí esta definido es que la Súper Card es excluyente, es decir los supermercados y comercios de electrodomésticos no venderían con tarjetas emitidas por los bancos. Esta exclusividad de Súper Card despierta temor en medios del sector por el impacto negativo que una transición de esta naturaleza pueda tener en el consumo.

El gobierno siempre privilegió el consumo interno y por tanto resulta al menos extraño que se impulsen iniciativas que en la práctica podrían terminar afectando las ventas.

Es por eso, que explican en la Rosada, la medida en el fondo apunta a que disciplinar a las grandes cadenas de supermercados y que cumplan con el acuerdo y congelen sus precios.

La Secretaría de Comercio tiene bien aceitado el mecanismo para controlar los precios de los grandes fabricantes tanto alimenticios como de otros rubros. Cabe recordar que esta repartición autorizaba los aumentos para los productos dividiéndoles en tres categorías: Masivos, Selectivos y Premium.

Los industriales argumentan que hace tiempo que ellos están bajo el control del área de Comercio y, deslizan, que las cadenas de hipermercados "ponían algunos productos a los precios que les pedía Moreno y con el resto hacían lo que querían". En el total anonimato, un importante industrial de la alimentación comentaba que uno de sus productos farináceos lo vende a las grandes cadenas a $2,50 y al público llega a $ 7: "un margen del 155%", se queja.

Lo cierto es que los supermercadistas se comprometieron a mantener los precios congelados pero en la propia Casa Rosada, funcionarios muestran ejemplos de que no se cumple: "de una semana a la otra el mismo producto (yogurt) en el mismo supermercado subió un 55%" dicen.

En un primer momento se pensó en implementar medidas más drásticas para aquellos que incumplían el acuerdo aplicando la Ley de Abastecimiento; sin embargo, se encontraron con un problema de tipo legal, al no existir una lista de precios máximos se tornaba imposible demostrar un incumplimiento.

Asimismo, para controlar si se está cumpliendo el acuerdo de precios se necesitarían miles de inspectores para poder abarcar numerosas bocas de expendio.

En suma, la decisión de impedirles hacer publicidad a lo que se sumaría la restricción de eventualmente no poder vender con otras tarjetas de crédito terminará afectando más aún las ventas. Interpretan que "como son hijos del rigor" esta es la manera para que, "realmente se decidan a no subir los precios", justifican.

En tanto, y en referencia a la imposibilidad de que otras tarjetas puedan ser utilizadas en supermercados y comercios de electrodomésticos cabe recordar que, desde hace tiempo la jefa de Estado viene cuestionando al sector financiero.

De hecho, el año pasado resolvió que los bancos presten el 5% de su cartera a los sectores productivos, medida que prorrogó también para este año. Es de suponer, dicen en gobierno, que las entidades bancarias "voluntariamente" tenderían a reducir sus comisiones antes de ver seriamente afectado el producto que más ganancias les ha reportado.

En la Casa Rosada confían que, dada la señal clara del gobierno, en no permitir subas de precios, tanto los productores, supermercadistas como las entidades financieras pondrán "barbas en remojo" para bajar sus costos, aunque sea a costa de menor rentabilidad.

Estas medidas y, no se descarta que pueda otras, buscan bajar la inflación que para el Gobierno es básicamente producto de los altos márgenes de ganancias de las empresas.

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