Tasas municipales encarecen hasta 5% valor de alimentos

«Un kilo de carne en Catamarca cuesta $ 0,40 más por las tasas municipales. Un litro de leche en la provincia de Buenos Aires se encarece 5% por las tasas municipales.» La preocupación de los empresarios por este creciente fenómeno, ante la ofensiva oficial para detener la inflación, cobró nuevos bríos.

Juana Koslay está en San Luis y es un municipio de 8.700 habitantes; allí hay unos 90 puntos de venta. Ese municipio le reclama a Cervecería Quilmes la «módica» suma de $ 330.000 en concepto de tasa de publicidad, y además la hacen retroactiva a cinco años porque es el lapso de prescripción.

El cálculo se realizó sobre la base de los exhibidores, afiches, heladeras, carteles y hasta calcomanías con los colores y la marca de la cerveza ubicados en el interior de los locales, que se cobran por metro cuadrado. Cada calco es igual a un metro, porque no se fracciona. Resultado: la cervecera decidió retirar toda «publicidad» en ese territorio y está considerando incluso dejar de vender sus productos en el municipio.

El ejemplo está repitiéndose y multiplicándose en todo el país: las autoridades municipales descubrieron hace algunos años que tienen potestades casi ilimitadas para crear tasas y fijar alícuotas, sin dudas uno de los factores que están incidiendo en los crecientes costos de los productos más consumidos. Además, muchas de esas administraciones tercerizaron la recaudación en empresas privadas, cuya única actividad es el cobro de tasas.

Otra empresa de consumo masivo fue obligada en seis intendencias (tres en Entre Ríos, otras tantas en Córdoba) a pagar enormes sumas en concepto de «tasas de seguridad e higiene». Esto no tendría nada de llamativo si no fuera porque esa gabela supuestamente se aplica a los locales comerciales. La empresa (que fabrica pero no vende directamente al público) argumentó justamente eso: «No tenemos locales a la calle»; los abogados de las intendencias replicaron que «dado que sus productos se venden en esos locales a la calle, tienen que pagar la tasa». Obviamente, resulta a todas luces más sencillo cobrarle a una multinacional o a un gran grupo nacional que a un pequeño comerciante de pueblo. Esa empresa, de todos modos, inició acciones legales alegando la inconstitucionalidad de la norma que creó la tasa de seguridad, juicio que está en trámite.

Según un relevamiento realizado por este diario, las empresas afectadas por este tríptico de tasas (publicidad; seguridad e higiene; abasto, que se cobra por la introducción de productos a territorio municipal) van desde las mayores productoras de alimentos hasta pymes.

Un somero listado incluye entre las que están moviéndose y accionando contra esas tasas a Quilmes, Arcor, Coca-Cola, Pepsico, Nobleza Piccardo, Philip Morris, la papelera Kimberley Clark, Nestlé, Bayer, L'Oreal, Unilever y Procter & Gamble, entre muchas otras. Pero a todos estos grandes nombres, según versiones del mercado, se les unieron la fabricante del pegamento Poxipol y la empresa Buhl, que hace los profilácticos Prime, a la que en varias localidades pretenden cobrarle la tasa de publicidad por cada expendedor ubicado en los baños de caballeros.

Asimismo, la mayor parte de las entidades que agrupan a estas empresas también está intentando «razonabilizar» una situación de creciente complicación: COPAL ( alimentarias), la Cámara Argentina de Comercio, la de Anunciantes, la ADIM (Asociación de Industrias de Marca) y varias más, incluso a nivel local.

Es que en el caso de las pymes, el cobro de estos gravámenes locales puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. «El monto que se cobra por metro cuadrado de publicidad es totalmente aleatorio: va de $ 30 a $ 100», dice una alta fuente de una de las empresas más activas en esta cuestión. Según el informante, sólo en la provincia de Buenos Aires «hay entre 35 y 40 municipios que cobran estas tasas, sobre un total de 134. Lo preocupante es que el fenómeno está extendiéndose a lo largo de todo el país».

El economista Nadin Argañaraz, de la Fundación Mediterránea (que mañana dará una charla sobre la influencia de estas tasas en la economía y los precios), dijo: «Hicimos un estudio sobre 20 municipios que totalizan 50% de la población de la provincia de Buenos Aires a lo largo de cuatro años, y su incidencia sobre los precios que termina pagando el consumidor. La incidencia, le adelanto, es importante».

Por su parte, la gente de Quilmes le habría presentado hace algunas semanas a Martín Lousteau, ministro de la Producción bonaerense, un pedido para que se reglamenten las «potestades fiscales» de los gobiernos comunales a través de la Ley Orgánica de Municipalidades o dictando una ley específica.