Las empresas de telefonía celular podrían apelar a un número gratuito (0-800) por un tiempo limitado para que sus usuarios se registren, si la ley de seguridad impone que los clientes que utilizan la modalidad de prepago se ven obligados a identificarse. «Se usó en otros países, y creo que puede ser un método más o menos eficaz, pero de todos modos será muy difícil identificar a los usuarios, que no necesariamente entregarán sus datos fidedignos», dijo Luis Perasso, de Telecom Argentina. El ejecutivo reveló que 80% de sus clientes de celulares utilizan esa forma de contratación; esto, a pesar de que el minuto en el aire resulta más caro que los de los celulares «post pagos». «Me temo que podría suceder que muchos usuarios de prepagos den de baja sus líneas si se los quiere obligar a identificarse», reconoció.
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Las dificultades se multiplicarán -tal como adelantó este diario el viernes último-si se quiere forzar a los usuarios de tarjetas prepagas a presentar documentos y hasta certificado de domicilio al quiosquero que se las venda, quien a su vez deberá estar autorizado por el Poder Ejecutivo. En la actualidad, Personal (la controlada de Telecom) tiene unos 2,9 millones de clientes, lo que la pone a la cabeza en el ranking. Situación que se modificará en cuanto se apruebe la compra de los activos de BellSouth en la región por parte de Telefónica SA, entre los cuales se cuenta Movicom. Respecto de esta cuestión, Perasso adelantó que «Telecom no se opondrá ante Defensa de la Competencia a esa operación, pero confiamos en que el mercado seguirá desarrollándose en un marco de libre competencia como hasta ahora».
El vocero, en cambio, prefirió no referirse en la rueda de prensa al conflictivo tema del ancho de banda, pelea sobre la cual la Subsecretaría de Defensa del Consumidor se expidió el viernes último, obligando a las dueñas de los «caños» por los que se brinda el servicio a los restantes ISP (proveedores de Internet) a restablecer el ancho de banda vigente a octubre. «No nos hemos notificado aún de la resolución», dijo Perasso. De todos modos, no parecen demasiados los caminos para Telefónica, Telecom, el monopolio «Clarín» e IMPSAT (las cuatro proveedoras en cuestión): deberán cumplir con la orden del gobierno, aunque tienen tres días para apelar lo resuelto por Patricia Vaca Narvaja.
En relación con la renegociación de la deuda que acumula Telecom -que según las fluctuaciones de la tasa de interés está entre u$s 2.800 y 3.000 millones-, Perasso afirmó que «están adelantadas» las gestiones con los acreedores. «Hoy, el grupo principal son los bonistas individuales, pero también hay fondos de inversión que les compraron la deuda a los bancos, y que tienen a veces posiciones durísimas. Estamos tratando de comprender sus necesidades y ajustarnos a ellas lo más posible», dijo. Confirmó que el CEO de la empresa, Carlos Felices, encabeza las negociaciones asistido por los bancos MBA y Morgan Stanley, pero reveló que «los nuevos socios (por la familia Werthein) también tienen participación activa en esta cuestión que es clave para el futuro de la empresa». S.D.
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