Trenes: Justicia devolvió el San Martín a Metropolitano
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Ricardo Jaime
El secretario consideró que «pareciera que algunos se quieren olvidar de los accidentes y de los muertos producto del pésimo servicio que prestaba Metropolitano, que quiere judicializar esa decisión que no defendió con una buena prestación».
El funcionario garantizó la disponibilidad de las locomotoras afectadas al San Martín «que fueron retiradas a Metropolitano por falta de pago y que el Estado compró en forma directa». La Secretaría dispuso también el pasado viernes que la operación del servicio la realice una Unidad de Gestión Operativa (UGO) que integrarán técnicos de las otras tres concesionarias del área metropolitana (Ferrovías, Metrovías y TBA).
Jaime, desde la Casa de Gobierno, informó que se mantenía «en firme» el decreto de rescisión del contrato, y restó validez a una medida cautelar dictada por el juez federal en lo contencioso administrativo de San Martín Enrique Luft, quien el martes suspendió provisoriamente el Decreto 798 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.
Ayer mismo, el magistrado dictó una medida «rectificatoria» en la que precisó que su fallo «sólo involucraba» a los locadores de inmuebles de las estaciones del San Martín, con el solo fin de garantizar la continuidad de esos contratos de alquiler.
La decisión de la jueza Rodríguez Vidal, conocida ayer, responde a una presentación efectuada por Metropolitano, con posterioridad al decreto emitido por el gobierno.
La concesionaria pidió que la Justicia declare la nulidad de la medida por «trato discriminatorio», ya que, a diferencia de las otras concesionarias, desde hace un año el Estado le suspendió el pago de los subsidios, y también los planes de inversión -a cargo del Estado-previstos en las adendas del contrato.
• Contradicciones
En su fallo, Rodríguez Vidal marcó la «necesidad de escu-char» a las autoridades de la Secretaría de Transporte y de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) sobre el tema, ante lo que consideró «contradictorios comportamientos» adoptados por esos organismos.
La jueza destacó que, mientras se suscribía el Decreto 798/ 04, la Unidad de Renegociación informaba que las tratativas con el sector de servicios de transporte público «se desarrollarían en el segundo semestre del corriente año» y que «cumplidas las mismas se citaría a las concesionarias a reuniones de trabajo» para discutir los contratos.
Al justificar su decisión, la magistrada puntualizó que es el «interés público» el que «aconseja el mantenimiento de la situación, cuanto menos hasta que la suscripta se encuentre en condiciones de decidir» sobre el fondo de la cuestión.




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