Un privado con subvención y sin pagar el canon ganaría si compra el Correo

En cierta manera se reivindica Franco Macri: con canon y ningún subsidio, la licitación del Correo Argentino que se realizará en mayo no tendría oferentes porque, además, está minado por los sindicalistas. Macri salvó lo del canon no pagándolo, pero no tenía forma de exigir -lo dice en su libro- las promesas del gobierno Menem cuando ya el boom argentino había pasado a declive. Hay que admitir que el actual interventor, el legislador Eduardo Di Cola, tiene realismo en la proyección de ahorros que hace.

Las últimas noticias sobre el Correo Argentino -sobre todo, por boca de su actual inter-ventor, Eduardo Di Cola-abren dos interrogantes. En primer lugar, qué precio debería pagarse para que el negocio resulte rentable a un nuevo concesionario privado. En segundo lugar, si la gestión estatal del Correo termina siendo más eficiente que la del grupo Macri, como surge de la información oficial sobre reducción de costos.

En principio, los dos temas están vinculados. Si, como se ve, el gobierno de Néstor Kirchner está dispuesto a reprivatizar en mayo, tiene que lograr que el Correo sea una empresa rentable, para poder presentarla a los eventuales interesados.

Una empresa postal que factura $ 500 millones de pesos anuales (unos 65 millones de dólares) con una ganancia estimada para este año en $ 50 millones (unos 17 millones de dólares), llamará lógicamente la atención de inversores nacionales e internacionales.

Si se licita 20% de las acciones, la ganancia inicial estimada para el operador que gane la licitación sería de 3,5 millones de dólares. Para obtener una cifra de esa magnitud, un inversor necesitaría invertir algo más de 100 millones de dólares en bonos de EE.UU. a 10 años.

Se trata, por supuesto, de una inversión con riesgo cero, que no es el caso de una empresa de servicios públicos en un país en default, y que tiene, además, ciertas características especiales, como una planta de 12.000 empleados y presencia obligatoria en 2.300 localidades del país, con 6.000 inmuebles que pertenecen al

Estado y varios de ellos sin condiciones para prestar el servicio.

• Ahorro

Por otra parte, la ganancia estimada por el Estado en $ 50 millones (apenas 17 millones de dólares) se basa en una reducción de costos de $ 26 millones en trece meses sobre los gastos que tenía el ex concesionario privado. De ese total, los principales rubros son: 10,6 millones en remuneraciones, 4,6 millones en asesoramientos y 7,9 millones en publicidad.

El ahorro en remuneraciones surge del tope salarial de $ 5.000 impuesto por la gestión oficial para 56 personas que ocupaban puestos jerárquicos en la administración privada, la mayoría de las cuales permaneció en el Correo. Esta reducción de sueldos dio como resultado una rebaja del gasto de $ 200.000 mensuales, según los datos suministrados Eduardo Di Cola.

Por otra parte, al eliminar la conducción privada (9 personas entre el presidente y los directores), Di Cola informó que el ahorro es de $ 692.800 por mes. Según el funcionario, dos de los principales directivos tenían ingresos por unos $ 200.000, incluyendo participación en la facturación.

Aunque es un secreto a voces que Franco Macri siempre pagó muy buenos sueldos al personal de su máxima confianza (como él mismo lo reconoce como uno de sus «principios básicos» en su libro «Tengo algo que decir»), también es cierto que un nuevo operador privado también tendrá que pagar remuneraciones altas si quiere conseguir personal idóneo y lograr la adhesión con la empresa, que evita, entre otras cosas, los actos de corrupción, sobre todo cuando hay tanta dispersión geográfica.

Puede parecer lógico, además, que el Correo en manos del Estado, que está en una breve transición de 6 meses hasta su reprivatización, no haga publicidad, aunque esto puede tener impacto en la penetración en el mercado. El privado se verá obligado a publicitarse para mantener y ganar participación en un mercado que se volverá más competitivo ante la presencia de un nuevo operador. En este punto, también es posible que el gasto sea un poco menor al del ex concesionario, que utilizó en muchas ocasiones la publicidad, para responder a lo que Macri denomina el «Estado hostil».

Un nuevo privado tampoco podrá dejar de tener asesoramientos externos. En este aspecto, el ahorro del Estado sobre la concesión privada es de $ 4,6 millones. Puede presumirse que en este rubro está incluido el asesoramiento legal, que también será inevitable para un nuevo concesionario, aun cuando en el caso Macri estaban de por medio un engorroso concurso de acreedores y una millonaria demanda contra el Estado sólo transitoriamente suspendida.

De este modo, a la ganancia estimada por la gestión oficial habría que recortarle gastos que ahora no se hacen, pero que serán imprescindibles para una empresa privada. Esto explica que, para reprivatizar, el gobierno esté analizando que todos los prestadores postales inscriptos, incluido el Correo oficial, aporten un total de $ 50 millones en proporción a la facturación de cada uno.

Se trata de los recursos estimados para solventar que el Correo oficial llegue a las localidades del país donde el negocio da pérdida por el escaso movimiento (es lo que se denomina servicio universal).

Si hay subvención (aunque sea de privados) y no se paga canon, se puede calcular que la ganancia rondará lo estimado por el gobierno. Pero hay que ver primero qué inversiones obligatorias se exigirán o las que necesita el negocio, para saber cuál será el precio que una empresa privada estará dispuesta a pagar por 20% de las acciones del Correo.

Esta privatización será, además, sustancialmente distinta a la primera que se hizo en 1997 y, en apariencia, será buen negocio para un privado. Macri escribió en su libro, tras recordar el enfrentamiento de Domingo Cavallo con Alfredo Yabrán y el posterior suicidio del empresario, que «es lícito suponer que más allá del interés por resolver un problema económico algunos sectores del gobierno (de Carlos Menem, 1997) quisieron sacar de la agenda pública, lo más rápidamente posible el tema del Correo oficial, y tal vez haya sido por eso que asumieron compromisos que luego no cumplieron».

Lo cierto es que esos compromisos -como un marco regulatorio que eliminara a los prestadores en negro o la acción del Estado para cambiar los convenios colectivos en el Correo-fueron sobre todo de palabra. En esas promesas creyó Macri, aunque también el resto de los oferentes, como Samuel Liberman, quien ofreció un canon sólo 3 millones menor que el de Macri. Pero lo cierto es que con una facturación que igual que ahora ronda $ 500 millones, era imposible pagar un canon de 51,6 millones, y lo demás eran sólo promesas verbales, que Macri creyó, aunque ahora se queje amargamente.