El argumento oficial para pedir la intervención de Aerolíneas Argentinas serán sus números rojos. La presentación mencionará que su pasivo posconcursal trepa ya a los u$s 300 millones, que no pagó los sueldos a tiempo, que tomó créditos bancarios para poder abonar salarios de meses anteriores; la falta de pago a los proveedores (desde combustible a catering y hasta films a bordo), el estado en que se encuentra la flota (de los 22 aviones de Austral vuelan hoy ocho y el mes próximo podrían ser cinco; de las 40 aeronaves de Aerolíneas Argentinas, apenas vuela una docena.
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Tampoco el concurso preventivo está cerrado: dos de los acreedores, IATA (por una deuda de «clearing» de pasajes) y un proveedor de mermeladas -que tenía una acreencia inferior a los u$s 10.000- se negaron a aceptar la quita de 60% propuesta por Marsans a fines de 2002. Sin embargo, la idea de que los españoles debieron echar mano reiteradamente a créditos del Banco Nación para pagar los salarios como base para el pedido de intervención no parece demasiado sólida: la firma viene acumulando déficits desde hace un trienio por la suba de los combustibles y las reiteradas negativas oficiales a reajustar las tarifas y subsidiar la aeronafta, a pesar de un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2006 tras un acuerdo suscripto por la empresa y Alberto Fernández durante un viaje presidencial a Madrid.
A estos números rojos habrá que agregarle un compromiso por u$s 41 millones por un crédito tomado por Iberia con el Banesto cuando era dueña de Aerolíneas. Ese dinero nunca ingresó a la aérea nacional, por lo que la SEPI -el órgano oficial español para inversiones en empresas privadas- al venderle Aerolíneas a Marsans se comprometió a asumirlo, siempre y cuando los compradores mantuvieran un porcentaje accionario mayoritario en el grupo aéreo. Si la empresa se reestatiza, ese monto será, sin dudas, motivo de otra disputa entre ambos gobiernos.
