Luego de cerrar el sistema bancario el 30 de julio, el gobierno de la República Oriental del Uruguay reabrió los bancos estatales y los no intervenidos del sector privado el 5 de agosto de 2002; los bancos intervenidos continúan cerrados. La estrategia redefinida del gobierno para la preservación del sistema bancario y las reservas internacionales se encuentra orientada a inyectar liquidez y minimizar los problemas en el sistema de pagos con el respaldo de instituciones multilaterales y el gobierno de los Estados Unidos. No se recapitaliza a los bancos debilitados del sector privado con fondos del gobierno. El éxito de esta estrategia en el cercano y mediano plazo depende de la capacidad del gobierno para revertir la crisis de confianza que derivó en constantes retiros de depósitos y en los mayores esfuerzos por fortalecer las cuentas fiscales.
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La permanente y grave presión sobre el sistema financiero ha llevado la semana pasada al cierre del sistema financiero. Los depósitos en dólares a lo largo de junio disminuyeron un tercio (y cayeron aún más en julio) a US$9,1 mil millones, impulsado por una caída del 50% de los retiros de depósitos de no residentes. Las reservas internacionales cayeron a casi US$600 millones a fines de julio desde los 3,1 mil millones que se registraban a fines del año 2001; la disminución es aún más significativa si se toman en cuenta los US$660 millones desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante este período.
La decisión tomada por el gobierno del Presidente Jorge Battle junto con el Congreso de reabrir rápidamente los bancos estatales y los no intervenidos y de permitir retiros de las cuentas corrientes y de ahorro de los bancos estatales contrasta marcadamente con la prolongada falta de decisión para resolver los problemas del sistema bancario argentino. La nueva/acelerada asistencia financiera de aproximadamente US$1,5 mil millones proveniente de Washington, D.C., debería ser suficiente para cubrir todos los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro del Banco de la República (BROU) y Banco Hipotecario (BHU) y los bancos intervenidos y aún cerrados (Banco Comercial, Caja Obrera, Banco Montevideo y Banco de Crédito).
La coalición Colorado-Blanco trabajó conjuntamente en una reunión de emergencia el fin de semana para la sanción de leyes que permitieran la reestructuración de los plazos fijos depositados en los bancos estatales BROU y BHU: los vencimientos originales se extendieron 3 años, siendo liberados el 25% de los mismos en el primer año, el 35% el segundo año y el 40% el tercero. BHU será transformado en una institución bancaria de segundo piso y sus actividades comerciales serán integradas al BROU. Los depósitos a plazo fijo en los bancos que sean finalmente liquidados serán recuperados a partir de la liquidación de los propios activos de los bancos; el gobierno se abocará a la tarea de intentar facilitar una recapitalización de algunos de estos bancos a través de fondos privados. Esta solución de mercado se orienta a minimizar el impacto fiscal del respaldo al sistema financiero.
Los planes del gobierno para contener la actual crisis de confianza incluyen brindar una cobertura de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, orientándose a una solución de mercado, mediante la cual los bancos podrán quebrar de no ser recapitalizados y reestructurados por el sector privado. No obstante, también depende mucho del éxito de un amplio ajuste fiscal que aún puede necesitar una mayor revisión, dadas las más severas condiciones económicas esperadas. Las expectativas del gobierno de una disminución del 7% del PBI en el año 2002 probablemente sufran una revisión hacia la baja a alrededor del 10%. Se proyecta poco crecimiento para el año 2003. Las presiones fiscales de Uruguay son significativas: se proyecta que la deuda bruta del gobierno general sobre el PBI se incrementará a un 85% este año del 50% en 2001, suponiendo que la cotización del peso uruguayo (UrP) sea de UrP25/US$ a fines del año 2002, cerca de los niveles actuales. La estrategia políticamente difícil de la privatización es necesaria para una reducción sustancial del nivel de deuda y revertir la dinámica de la misma, así como es necesario un superávit primario de más del 4% del PBI.
El equipo económico debe obtener aún más respaldo en el Congreso para lograr un mayor ajuste fiscal y cumplir con el cronograma avanzado de la reforma (impuestos, apertura del sector petrolero) del modo acordado con el FMI para asegurarse una continuidad de la ayuda financiera bajo los acuerdos actuales con organismos multilaterales. De estar disponibles estos fondos, Standard & Poor's espera que el gobierno cubra sus necesidades de financiamiento (déficit y amortización) en 2002 y probablemente en 2003 sin recurrir a los mercados de capitales privados. Debido a que los mercados de capitales se encuentran cerrados para Uruguay, las discusiones con el FMI y la disponibilidad de fondos por parte de los organismos multilaterales son condicionantes de la calidad crediticia de Uruguay.
La calificación crediticia soberana 'B' de largo plazo de Uruguay (con tendencia negativa) podría sufrir una disminución de profundizarse la presión en el sistema financiero, si las fricciones políticas impidieran un ajuste de políticas, o si los resultados fiscales no mejorasen. Con o sin un respaldo de los organismos multilaterales, Uruguay debe llevar a cabo un ajuste fiscal significativo. El déficit primario del gobierno general del 2% del PBI en 2001 necesita transformarse en un superávit de al menos el 4% del PBI; los resultados de próximos ajustes fiscales y el respaldo por parte del Congreso para un mayor ajuste fiscal son de crucial importancia par este fin.
