Volvió a regir aumento en los transportes
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Despegue
Aun con estos motivos, la Secretaría de Transporte puede haber vuelto a apresurarse al autorizar la aplicación del aumento en colectivos desde mañana. Esto es así porque con motivo del incremento generalizado en transporte, hubo tres acciones judiciales, y en una de ellas, todavía falta el pronunciamiento de primera instancia sobre la cuestión de fondo: si el gobierno debía llamar o no a audiencia pública antes de disponer la suba en el boleto de pasajeros.
Las acciones judiciales fueron:
Un recurso de amparo del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidiendo que se anule el aumento en colectivos por no haberse discutido en audiencia pública.
Un juicio ordinario iniciado también por Mondino por la renegociación de los contratos de ferrocarriles, en particular el de TBA, debido al destino de los fondos recaudados por el aumento, que incluía cubrir deuda del Estado con la empresa concesionaria.
Una acción sumarísima pedida por la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, requiriendo la anulación de las subas en los tres medios de trasporte.
En este último caso, el juez de primera instancia, Martín Silva Garretón, dictó la medida cautelar solicitada por Oliveira, la que fue revocada ayer por la Cámara. La medida cautelar dictada también por Silva Garretón con motivo del recurso de amparo de Mondino, aunque también fue levantada por la Cámara, debe volver a ser tratada en primera instancia, porque el magistrado no se pronunció sobre la cuestión de fondo.
Disposición
En este sentido, si Silva Garretón se definiera a favor de la posición de Mondino, el gobierno se vería obligado a volver a retrotraer el aumento en el boleto de colectivos, y a apelar y esperar de nuevo la decisión en segunda instancia. Si esto finaliza siendo así, el gobierno terminaría pagando tres veces el costo del aumento de colectivos ante el público.
En cuanto al juicio ordinario que sigue tramitando Mondino por los trenes y subterráneos, el juez en primera instancia, Osvaldo Guglielmino, negó en su momento la medida cautelar solicitada por el defensor del pueblo. Pero en su fallo obligó al Estado a que las empresas de trenes ingresaran la recaudación por el aumento en un fondo fiduciario y que el mismo no se usara hasta que estuviera lista una reglamentación que obligue a usar ese dinero sólo para la realización de las obras comprometidas.
La disposición de Guglielmino afecta además en particular a Metropolitano, la concesionaria de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur, porque esta empresa no pudo renegociar el contrato original con el actual gobierno debido a problemas societarios.




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