Vuelve el conflicto por las ejecuciones

Comenzó ayer en el Congreso la preocupación por el futuro de las ejecuciones hipotecarias. La última prórroga establecida por ley vence el próximo 2 de setiembre, y no existe ninguna indicación concreta por parte del gobierno sobre si habrá o no alguna medida al respecto. Es claro que, en medio de la negociación con el FMI, no existe ni en el gobierno ni en el Congreso la mínima posibilidad de avanzar en otra prórroga de la suspensión de remates.

Pero hay dos hechos que preocupan ya a los legisladores del PJ y la UCR. Si bien los juzgados podrán avanzar con las ejecuciones desde el 2 de setiembre, los deudores tienen plazo hasta el 9 para continuar inscribiéndose en el registro de deudores hipotecarios que el gobierno abrió después de la polémica sanción de la última prórroga por 90 días. Aunque es cierto que hasta ahora la cantidad de anotados ha sigo magra.

Ese hecho es conocido, pero se suma a otro interrogante. Mientras los plazos se vencen, Roberto Lavagna no ha dado señales de cuál será el uso que dará a ese registro. Es decir, no existe una idea concreta, más allá de las variantes ya expuestas y luego desechadas, de qué se hará con los inscriptos.

Por lo pronto, los diputados están a la espera de una respuesta a estas preguntas por parte de Leonardo Madcur, que les prometió el envío del alguna medida, sin mucha precisión, todavía, por parte del Ejecutivo.

Mientras tanto los bloques, en silencio, habrían llegado a un acuerdo para buscar un mecanismo que evite al gobierno pagar el «costo político» de promover una nueva suspensión de ejecuciones hipotecarias, casi imposible hoy en medio de la negociación con el Fondo, que puso como una condición esencial que no se tomen más medidas de ese tipo en la Argentina.

Una de las ideas consensuadas pasa por sancionar una ley que deje sin efecto la forma de indexar los créditos mediante el CVS, pero con retroactividad a enero de 2002, es decir cuando se derogó la convertibilidad.

El mecanismo estaría garantizado con el apoyo de los bancos públicos a la iniciativa a cambio de que se sancione una norma que permita ajustar a esa cartera de clientes a través de los niveles de tasas nominales de interés que, originalmente, se habían contratado entre las entidades y sus deudores. De esa forma, se compensaría la eliminación del CVS restaurando las tasas a sus niveles anteriores a la fijación de un techo, devolviéndolas a los porcentajes existentes en 2001.

A través de este mecanismo, los bancos estarían automáticamente inhabilitados, mediante un acuerdo, para llevar adelante ejecuciones de viviendas por vía judicial.