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Abren juicios por DD.HH.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer que el mandatario resolvió «revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones» de la denominada Ley de Caducidad.
Esta medida, aprobada en 1986, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) puede investigar. Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del izquierdista Frente Amplio (FA) al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios. El secretario de la Presidencia indicó que el decreto será promulgado antes del fin de la semana y explicó que ahora corresponderá al Poder Judicial «disponer o no el desarchivo de esos casos».
Breccia destacó que, con esta decisión, el Poder Ejecutivo considera que está «cumpliendo fundamentalmente con un deber ético, pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Agencias EFE y AFP


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