Aceleran ley K para pasar Justicia a Macri

El kirchnerismo reflotó esta semana un proyecto de ley, que con letra de Carlos Kunkel y firmado por varios diputados del bloque, propone la transferencia de la Justicia ordinaria nacional a la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de un reclamo de Mauricio Macri y tampoco de sus antecesores, sino que es parte de la reforma del Consejo de la Magistratura que propone el oficialismo. Allí, piensan que están de más los tribunales ordinarios que competen a las causas propias de la Justicia local, en este caso, la Capital Federal, y no tiene sentido que sigan controlados por la Nación.

En la primera reunión de la Comisión de Justicia de Diputados se abarcó el tema en un debate del que participaron, entre otros, Diana Conti y Jorge Yoma, quien hizo un racconto de la situación en la cual explicó que la mayor resistencia que siempre tuvo la iniciativa fueron los propios jueces.

Hasta ahora, el oficialismo no había impulsado de esta manera el traspaso. El proyecto lo firmaron, entre otros, Conti, Agustín Rossi, Juan Carlos Dante Gullo, Héctor Recalde, Alejandro Rossi, Luis Cigogna y José María Díaz Bancalari. En principio, de aprobarse, se conformará una Comisión Bicameral especial, Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrada por diez senadores y diez diputados que tendrá un plazo de 180 días para emitir un dictamen que disponga la transferencia de la Justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra actualmente bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación.

Los jueces nacionales vienen resistiendo esa mudanza desde hace más de una década, cuando la Ciudad de Buenos Aires consiguió su autonomía acotada por la llamada ley Cafiero que limitó la transferencia de la Justicia y de la Policía.

Ayer mismo se conoció esa resistencia en declaraciones de la Asociación de Magistrados, en un artículo del titular del organismo Ricardo Recondo, que aseguró que «la transferencia de jueces o tribunales nacionales a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires no es viable», porque, sostuvo que se requiere la modificación de la ley Cafiero, como se hizo para que el Gobierno de Macri pudiera contar con policía propia. Recondo resaltó, además, que la Constitución Nacional estableció que «una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación».

Sin embargo, hasta ahora, Ciudad y Nación vienen celebrando convenios por los cuales ya han sido traspasadas competencias penales a los fueros porteños.

«Es de destacar que el derecho de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se concrete efectivamente el traspaso de toda la Justicia nacional ordinaria que se encuentra bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación no se puede diluir en el tiempo», sostienen los fundamentos del proyecto de ley.

Desde el macrismo, que está a favor de la iniciativa, salió al cruce el legislador porteño Cristian Ritondo, quien aseguró que cuando fue diputado nacional presentó proyectos similares, pero que no fue acompañado por legisladores que ahora reeditan la versión.

El otro tema, si finalmente se aprobara la ley, que reclamará la Ciudad de Buenos Aires, es la transferencia de los fondos para administrar esa Justicia. Ese punto frenó durante todos estos años la posibilidad de los traspasos, pero la decisión del oficialismo sería ahora que se le dieran los recursos.