Admite Obama que no podrá cerrar Guantánamo en el plazo prometido

Barack Obama llegó ayer a Corea del Sur, donde concedió una entrevista largamente demorada a la cadena conservadora Fox. Dijo que no podrá cumplir su compromiso de cerrar la cárcel de Guantánamo en enero próximo.

Seúl y Washington - El presidente de EE.UU. Barack Obama, admitió ayer por primera vez que no logrará cerrar el penal de Guantánamo en enero, como había prometido, mientras su Gobierno busca afanosamente, y en contra del deseo de la mayoría de los norteamericanos, un lugar para recluir a parte de los detenidos en su territorio.

La orden de cierre en doce meses de ese polémico penal fue una de las primeras acciones de Obama como presidente, pero la resistencia del Congreso -y de la opinión pública- a aceptar a detenidos en Estados Unidos y de otros países a recibirlos, ha hecho que hasta ahora hayan salido de la base naval sólo una veintena de presos.

«Estamos inmersos en una trayectoria y un proceso en el que yo anticipo que Guantánamo será cerrado el próximo año», dijo Obama en una entrevista con la cadena Fox News durante su gira por Asia. «No voy a marcar una fecha exacta, porque mucho depende de la cooperación del Congreso», añadió admitiendo su imposibilidad de cumplir con su promesa en el tiempo establecido.

Señales

La Casa Blanca había dado señales ya de que probablemente no lograría cumplir la meta establecida para la clausura de Guantánamo, donde permanecen unos 215 detenidos, pero ésta fue la primera vez que el mandatario lo reconoció sin ambigüedades.

El Gobierno inspecciona actualmente diversas cárceles civiles y militares en territorio de Estados Unidos para alojar a dichos prisioneros, sospechosos de terrorismo. Algunos de ellos serán juzgados, pero existe un grupo de entre 20 o 25, según diversas fuentes, contra los cuales el Departamento de Justicia carece de suficientes pruebas para llevarlos ante un tribunal y no quiere dejar en libertad porque los considera terroristas peligrosos.

La solución que sopesa el Gobierno es encerrarlos de forma indefinida bajo el estatus de «combatientes enemigos» en base al derecho humanitario, que rige en tiempos de guerra, según reconoció ayer el fiscal general (secretario de Justicia), Eric Holder, en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado. Se trata, curiosamente, del mismo enfoque que sostuvo George W. Bush, a quien Obama critica duramente pero, al menos en este caso, podría imitar.

Con todo, Holder aclaró que «no sería simplemente poner a alguien en un gulag y no ver u oír más a esa persona», a la vez que explicó que se crearía un mecanismo para revisar los casos y que el Congreso debería aprobar el nuevo sistema.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de esta posibilidad, que a su juicio simplemente restablecería las condiciones irregulares que imperan en Guantánamo en territorio estadounidense. En ese sentido, urgen a la Casa Blanca a juzgar o a liberar a todos los detenidos.

En cambio, sí han aplaudido la decisión del Gobierno de enjuiciar en un tribunal civil a cinco sospechosos de participar en los atentados del 11 de setiembre de 2001, incluido su presunto «cerebro», Jalid Sheij Mohamed, lo que se añade a otro caso anunciado previamente.

Defensa

En la audiencia de ayer, Holder defendió la decisión frente a las críticas de los republicanos, que han dicho que Mohamed y sus supuestos colaboradores convertirán el proceso en un instrumento de propaganda de la red terrorista Al Qaeda. Uno de los puntos más polémicos del proceso estará dado por el hecho de que el principal acusado fue sometido a torturas, entre ellas 183 sesiones de ahogo simulado («waterboarding»).

«No tengo miedo de lo que (Mohamed) tenga que decir en el juicio y nadie más tendría que tenerlo», respondió Holder, quien recibió el apoyo de los legisladores demócratas. «Tengo confianza en que la Nación y el mundo lo verán como el cobarde que es», añadió.

En cambio, Jeff Sessions, el republicano de mayor rango del Comité, tildó la decisión de Holder de «peligrosa» y afirmó que tratar a Mohamed como un delincuente común indica que «luchar contra el terrorismo mundial no es la prioridad que era anteriormente».

El momento de mayor tensión en la audiencia llegó cuando el senador republicano John Kyl presionó a Holder para que explicara por qué quería juzgar a Mohamed en una corte civil, cuando él mismo había dicho que quería declararse culpable y ser ejecutado en el proceso militar abierto contra él por la administración anterior.

El fiscal dijo que no basó su decisión «en lo que un terrorista, un asesino, quiere hacer. Él no elegirá el lugar donde será juzgado. Yo lo haré».

Agencias EFE, Reuters, AFP, ANSA y DPA