Gobierno recompone error: financiamiento político será prioridad

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Con Elisa Carrió y los "patitos alineados" se intentará sancionar una ley clave para 2019. Senado aprobará en febrero. Diputados, con fecha límite a la vista.

Pese a las múltiples dudas que genera el Gobierno con el anuncio del tratamiento de diversos proyectos en el corto plazo -en el podio de estos tropiezos se encuentra el ministro de Justicia, Germán Garavano-, y tras el encuentro de Elisa Carrió con Mauricio Macri -la legisladora dijo horas atrás que los “patitos están alineados”-, el oficialismo fijó la prioridad para las próximas semanas en el Congreso: la ley de financiamiento político para que las empresas puedan aportar en las campañas. El objetivo es blanquear una situación que ocurre desde hace años -en negro- que generó en los últimos tiempos varios dolores de cabeza a todos los partidos.

En diciembre pasado, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias con un amplio temario que tenía dos objetivos principales: el financiamiento político y la ley antibarras, que el propio oficialismo dejó dormir casi tres años. Con Carrió enojada por el permiso para que empresas pudieran solventar campañas, Cambiemos apuntó al menos a empujar la iniciativa contra los violentos en el fútbol.

La ley quedó trabada en Diputados: la poca cintura de la legisladora radical y titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (Jujuy), fue aprovechada por la oposición para pulverizar el texto. Allí no estuvo Garavano para defender a Cambiemos, y Casa Rosada dejó en soledad a la diputada y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa se aprobó en general y, durante la discusión en particular, el aliado Martín Lousteau cerró el moño del papelón al pedir que se enviara la ley hacia la comisión, algo lógico ante el desconcierto que hubo en ese momento en el recinto de la cámara baja.

Tras consultas varias en las últimas semanas, el Gobierno aceptó iniciar el debate de financiamiento político por el Senado, donde ya existe un dictamen. El 7 de noviembre pasado Cambiemos, el peronismo y silvestres misioneros y santiagueños apoyaron un despacho que aún espera su votación. En caso de sesiones extraordinarias, el tema quedará al tope de la agenda en el recinto, junto a un combo de pliegos judiciales.

En tanto, Diputados deberá solucionar la disputa por las barras y acelerar en los primeros días de marzo, en sesiones ordinarias, la sanción de financiamiento político. Carrió y la Coalición Cívica la votarán en general y tendrán reparos durante la discusión en particular. Si no avanza la ley, volverán los problemas para los partidos y las graves denuncias, como la de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2017, o las cuentas no aprobadas de macristas, massistas y kirchneristas de 2015.

Para lograr el cometido, el Gobierno reactivó la maquinaria política real que le queda a través del Ministerio del Interior, que comanda Rogelio Frigerio. En las últimas horas, el secretario de Asuntos Políticos de dicha cartera, Adrián Pérez, aseguró que una nueva ley garantiza “que nadie pueda cooptar una campaña o que algunas empresas van a poder sostener el financiamiento de la campaña, es decir, va estar atomizado”.

En declaraciones a la agencia Télam, Pérez explicó que “la principal falencia” de la actual normativa -de 2009- “es que permite el aporte de dinero en efectivo”, y que “el 50% de las campañas se financian en efectivo”. En esa línea, detalló: “Esto ha impedido conocer en forma fehaciente quiénes son los aportantes, por eso el principal punto del proyecto es la bancarización absoluta de los aportes y gastos, para identificar fehacientemente a quiénes están haciendo el aporte”.

“Las empresas hoy pueden aportar a la vida institucional, pero no a la campaña y nosotros planteamos que, a pesar de esa prohibición, durante los últimos años las empresas siguieron aportando y lo que creció es el financiamiento en negro, no registrado”, advirtió Pérez.

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