Afiliaciones truchas: 131 casos complican a partidos políticos

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Las afiliaciones partidarias es uno de esos temas que reciben poca o nula atención en tiempos de elecciones pero que puede llegar a complicar a más de una fuerza política en la Justicia. En lo que va de 2011 la jueza electoral de Capital Federal, María Servini de Cubría ya derivó al fuero penal unas 131 denuncias por supuestas irregularidades en las fichas de afiliación presentadas por partidos políticos.

De ese total, 112 casos por lo menos pertenecen a fuerzas políticas en actividad, que abarcan investigaciones sobre agrupaciones minoritarias como El Movimiento y Coalición Universitaria Buenos Aires, a partidos clave como el Justicialista y la Unión Cívica Radical. En todos los casos denunciados se detectaron irregularidades en las fichas de afiliación presentadas ante la Justicia Electoral, ya sea porque los datos de una persona se repiten en diferentes cédulas partidarias o bien su información personal y/o su firma no coinciden con lo establecido en su DNI, entre otras razones por las que se puede sospechar que una afiliación es fraudulenta.

Cada vez que se detecta una de estas incompatibilidades, la jueza electoral deriva el caso a la Justicia penal para que se cite a los supuestos afiliados, se confronten los datos y, eventualmente, se abra una investigación judicial en caso de ratificarse esa irregularidad.

En este contexto, tanto las autoridades electorales como los jueces penales establecen una clara diferencia entre las causas potencialmente importantes y los casos en los que sólo se presentan irregularidades en algunas fichas. Este último caso es el de partidos como el PJ (tiene 11 denuncias por 29 fichas sospechadas), la UCR (9 denuncias), el PRO (1 denuncia), Coalición Cívica (5 denuncias) y el Partido Socialista (5 denuncias), entre otros.

En una situación similar se encuentran el Partido Comunista (que tiene 4 denuncias), Movimiento Libres del Sur (8), Frente Grande (5 denuncias), Unión Popular (3) y el Partido Demócrata Progresista (2 denuncias). Hay fuerzas incluso que ya han perdido su personería política (están registradas como caducas) y, sin embargo, tienen investigaciones abiertas por sus afiliaciones, como por ejemplo la UCeDé (3 denuncias) o Acción por la República (1 denuncia).

Estas fuerzas tienen una o dos denuncias por irregularidades que generalmente se resuelven citando al afiliador, quien siempre da motivos para esa incompatibilidad como el hecho de haber tomado los datos de la persona en la vía pública o no ser el único responsable en esta actividad. Este tipo de argumentos han sido avalados por la Cámara de Apelaciones en casos menores, al considerar que el marco en el que se toman las afiliaciones partidarias no presenta las condiciones necesarias para que los datos sean irrefutables.

En agosto pasado, por ejemplo, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional revocó el procesamiento dictado por Servini de Cubría sobre el afiliador del Partido de los Trabajadores Socialistas, Carlos Platkowski, con una argumentación saimilar a lo señalado anteriormente. Sin embargo, hay algunas causas que logran avanzar hasta llegar a juicio: desde 2000 unos 28 procesos han sido elevados a juicio oral y público por presunta defraudación de documentos públicos. La mayoría de estos casos, en los que los afiliadores son los principales acusados, terminan con una probation.

En este sentido, las autoridades electorales destacan que todos los partidos políticos presentan algún tipo de irregularidad en sus afiliaciones, pero esto no implica un problema judicial grave. Después de todo, en la mayoría de los juzgados de Comodoro Py tienen alguna denuncia contra un partido político por afiliaciones truchas.

Lo que sí es grave cuando se puede confirmar una relación entre esas incongruencias en las fichas y un funcionamiento sistemático del partido investigado. Éste podría ser el caso del padrón irregular detectado por Servini de Cubría que compartían las fuerzas Del Campo Popular, MODIN, Consenso Porteño y Acción Popular. Estas agrupaciones son investigadas por el presunto delito de falsedad ideológica de documento público, que prevé penas de hasta 6 años de prisión.

Esta denuncia recayó en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, como publicó ayer este diario, y abarca la investigación de un padrón presuntamente falso de 22.300 fichas de afiliación. Los datos responden al período de noviembre y diciembre de 2009 y eran compartidos por estos cuatro partidos, lo que está prohibido por la ley electoral. Hasta el momento, en las 400 declaraciones testimoniales ordenadas por el magistrado, todos negaron ser afiliados de alguna de estas agrupaciones políticas.

De comprobarse el supuesto delito de defraudación, la pesquisa de Martínez De Giorgi podría sentar precedente para otras causas que presentan características similares y convertirse en un verdadero problema para los partidos políticos.

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