Ahora Griesa amenaza a bancos si colocan deuda de la Argentina

• LES ADVIRTIÓ AL DEUTSCHE Y AL JP MORGAN QUE PODRÍAN RECIBIR LAS MISMAS SANCIONES QUE EL PAÍS Y APLICARÁ DESACATO

 Thomas Griesa parece estar dispuesto a llevar su batalla -a esta altura casi personal- contra la Argentina en el marco del "juicio del siglo" contra los fondos buitre, hasta las últimas consecuencias. El juez de Nueva York lo demostró ayer cuando decidió utilizar su sello de magistrado para presionar a los bancos Deutsche Bank y JP Morgan para que desistan de cualquier tipo de operación de colocación de deuda voluntaria argentina en cualquier mercado, incluyendo Buenos Aires. Griesa les aclaró a los dos bancos internacionales en un documento que en poco tiempo más aplicará la cláusula de desacato, con lo cual prohibirá cualquier tipo de colocación de deuda fuera de Nueva York para liquidar bonos que debían originalmente pagarse en ese mercado. Y les advirtió tanto al Deustche Bank como a JP Morgan, que si actúan como agentes colocadores, recibirán las mismas sanciones que la Argentina.

Todo esto cuando aún el país tiene una instancia más para que se anule el fallo original de septiembre del año pasado de Griesa, donde había declarado al país en desacato, ya que los abogados que representan a la Argentina presentaron ayer los escritos para que la Cámara de Apelaciones de Nueva York desestime la decisión del juez. Más allá que casi se descarta dentro del estudio ClearyGotliebSteen& Hamilton (CGS&H) que representa al país, que el fallo de segunda instancia será adverso para la Argentina, hasta que esa decisión no sea tomada por los jueces de la Cámara, Griesa debería abstenerse de realizar movimientos a favor o en contra de la aplicación del desacato. Esto es lo que le comunicaban ayer a los funcionarios argentinos, Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, que se enteraron del nuevo paso de Griesa mientras presentaban la documentación ante la segunda instancia judicial.

En concreto, lo que el juez norteamericano les advirtió a los dos bancos internacionales, es que si el Gobierno decidiera avanzar con la colocación de un título público (por ejemplo el Bonar 2024 o similar) con pago en Buenos Aires, cualquier entidad financiera que actúe como agente recibirá severas sanciones. En el escrito, el juez ordena a los dos bancos presentar "inmediatamente" los documentos vinculados con la posible emisión y la información sobre la voluntad de la Argentina de avanzar con esas posibles operaciones financieras.

Griesa avala además con su decisión de ayer, un pedido del fondo buitre Elliott del 9 de febrero pasado, donde la casa de Paul Singer aseguraba que el país estaba por avanzar en la operación de colocación de deuda como mecanismo de canje y obtención de dólares para liquidar los pagos que debía realizar en Nueva York. Según Elliott, con esto la Argentina quería saltear el fallo de fondo de Griesa, el de 2012, por el cual el país debía reconocerles el 100% de la deuda en default a los fondos buitre más los intereses y multas.

Si bien el Gobierno argentino siempre negó que existiera seriamente la posibilidad de emitir esta deuda a través del Deutsche y el JP Morgan, los rumores hablaban de una operación en dólares con pago en Buenos Aires y para inversores externos a los Estados Unidos por un total de u$ 2.000 millones. Griesa siempre interpretó que cualquier maniobra de este tipo era ilegal y violatorio del fallo con su curiosa interpretación de la cláusula pari passu, ordenó al país abstenerse de cambiar la jurisdicción de pago de deuda y llamó a las partes a volver a negociar en el marco del bufete del "special master" Daniel Pollack. La Argentina no sólo ignoró la advertencia, sino que además apeló el fallo de desacato, avanzó con el cambio de jurisdicción de Nueva York a Buenos Aires y hasta llamó oficialmente, la semana pasada, a cambiar a Pollack si Griesa quería que las negociaciones continuaran. Igualmente la oferta siempre sería la misma: el canje de deuda en los términos de 2010. Ahora, y como la Argentina no le dio el gusto a Griesa y avanzó con la operación de colocación fuera de los Estados Unidos, algo que para el juez es ilegal desde septiembre del año pasado, ahora el magistrado presiona y amenaza a los bancos que podrían ejercer el rol de colocadores.