Alarma en Brasil por auge de casos de brutalidad policial

  Torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales: el accionar de la policía en Brasil demuestra un escenario de absoluta impunidad que pone en entredicho la fama que estas fuerzas de seguridad se forjaron en Sudamérica por su supuesta eficacia en la lucha contra la delincuencia.

Cada día 8 personas mueren en manos de la policía en Brasil. Hace un mes, en un sonado caso, agentes de Río de Janeiro quedaron expuestos por un video que demostró cómo alteraban la escena de un crimen para encubrir el asesinato de un chico de 17 años, un práctica habitual del cuerpo. Poco antes, 18 personas fueron ejecutadas en dos golpes simultáneos en las afueras de San Pablo cometido por efectivos. Y la lista sigue...

La brutalidad de las fuerzas policiales brasileñas y la impunidad de sus acciones son una realidad denunciada por organismos civiles y activistas por los derechos humanos que carcome la imagen exitosa en materia de seguridad pública que Brasil se forjó en la última década en Sudamérica.

"Este es un problema muy complejo y tiene múltiples razones. Entre ellas, el país tiene una baja aplicación de la ley, algo que anima a la resolución de los problemas por fuera de ella. Además, la sociedad brasileña (clase media, ndr) suele aclamar los 'ajusticiamientos' y no tiene ninguna relación con la forma de vida de la gente pobre", señaló a Ámbito Financiero Rafael Alcadipani de Silva, experto en violencia policial y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública del Instituto Getulio Vargas, quien agregó que, en particular, las policías militares tienen "una fuerte cultura del abuso contra la población". No obstante, consideró también que muchas veces los policías son vulnerables a situaciones de violencia a las que responden haciendo uso excesivo de la fuerza. El mecanismo del llamado "ajusticiamiento" policial, detallado por sobrevivientes de las matanzas, no difiere mucho del empleado por los cuerpos militares en las dictaduras latinoamericanas -sobretodo en lo referido a los mecanismos de tortura y desaparición forzada- o al utilizado por bandas criminales: uso de máscaras o pasamontañas, operaciones sincronizadas en varios puntos de la ciudad.

El patrón se repite: "Hay una cultura y una doctrina policial del enfrentamiento armado, la llamada doctrina de la guerra", indicó a este diario el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, quien mencionó entre las causas de la violencia policial también al estrés y la falta de supervisión interna y judicial. En su opinión, "la brutalidad fue siempre parte del mandato de las fuerzas, incluso es anterior a la época de la dictadura militar (1964-1985)". La falta de políticas en materia de derechos humanos sirvió para consolidar la militarización de la policía.

Para la ONG Amnistía Internacional (AI), que elaboró el informe "Mataste a mi hijo: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro", la carencia de una instancia de investigación posterior al accionar policial es clave para entender por qué los efectivos siguen cometiendo matanzas. Renata Neder, asesora de derechos humanos de AI Brasil, explicó a Ámbito Financiero que la legislación del país no incorporó jamás protocolos internacionales sobre el uso debido de la fuerza ni códigos de conducta de la ONU sobre la organización de la seguridad pública.

A ello se suma que cada estado brasileño decide llevar o no estadísticas sobre muertes causadas en situación de respuesta policial y son muy pocos los gobiernos estaduales que llevan un registro al respecto. "Hoy no sabemos cuántas víctimas hay. No existen las estadísticas transparentes y públicas", dijo. "Hay un cuadro muy impresionante de impunidad. Esto tiene como consecuencia el aumento en el nivel de violencia letal. La policía actúa con la seguridad de que no será investigada", subrayó Neder.

En Río de Janeiro, el caso testigo del informe de AI porque el estado sí posee estadísticas, fue comprobado el uso excesivo e innecesario de la fuerza en al menos la mitad de las 580 muertes ocurridas en actuaciones policiales durante 2014, además de numerosos casos donde se alteró la escena del crimen poniendo armas para criminalizar a las víctimas, la mayoría de ellos jóvenes negros y pobres. "En la favela Acari, por ejemplo, 9 de 10 homicidios fueron catalogados por la policía como legítima defensa. Pero nuestra investigación concluyó que fueron ejecuciones extrajudiciales", señaló Neder. "Si vemos esto en este caso es imposible cuestionarse entonces qué está detrás de todos las otras 580 muertes registradas el año pasado", añadió.