Alarma en jueces por implementación de la nueva ley de flagrancia

Hicieron listado de cuestionamientos y dispusieron medidas para intentar aplicarla. Asociación de Magistrados exhortó a revisar fondos y logística

Juego de pinzas. Todos los jueces de la Cámara Federal encabezados por Martín Irurzun (izquierda) firmaron una suerte de protocolo de aplicación. También hubo advertencias de la Asociación que preside Ricardo Recondo.

Los jueces comenzaron a marcar la cancha en vistas a la implementación, a partir de hoy, de la nueva ley de flagrancia promovida por el oficialismo y resistida por la mayoría de los magistrados, que la consideran impracticable. Mediante una resolución firmada por todos los integrantes de la Cámara Federal porteña, dispusieron medidas para intentar contener lo que presuponen que generará una crisis al interior del sistema de la Justicia federal. Con una lista de serias advertencias, entre ellas ausencia de protocolo para sorteos entre juzgados, falta de espacio, y un posible incumplimiento de los plazos, anunciaron que se enfocarán solamente en delitos con uso de armas. En paralelo, la Asociación de Magistrados emitió un duro comunicado en el que destacaron que "se evidenciaron múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión logística" y volvieron a reclamar una revisión de recursos antes de llevarla a la práctica.

Tanto la resolución administrativa firmada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero como la nota publicada por la agrupación de jueces y fiscales van en sintonía con las señales de alarma que se dispararon ante la inmediata aplicación de la ley de flagrancia que fija plazos y audiencias exprés para delitos donde haya detenidos in fraganti. En el caso de los magistrados, va en sintonía con lo que la presidente electa de la Asociación, María Lilia Díaz Cordero, le dijo a Ámbito Financiero, sobre que relevarán los problemas que detecten en su aplicación.

"La aplicación inicial posible, para establecer el funcionamiento del proceso de flagrancia y dar tiempo a solucionar las falencias apuntadas, se centrará en todos los hechos que encuadren en delitos de la competencia federal en los que el sujeto activo tenga o use armas propias o impropias, supuestos éstos que afectan de manera directa la seguridad de las personas", indicó la Cámara, tras enlistar todos los obstáculos que encuentran ante "la falta de relevamiento" realizado por las autoridades de la actual situación del sistema. "No sabemos si con lo existente será posible armar salas idóneas para la realización de las audiencias", alertaron. "Habrá de disponerse que los magistrados del fuero podrán reemplazarse recíprocamente sin necesidad de autorización", suscribieron. Sin embargo, insistieron en que "las dificultades quedarán al descubierto".

Por el lado de la agrupación de jueces y fiscales, expresaron que "más allá de la buena predisposición" de quienes impulsaron la reforma, se evidenciaron "múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión" sobre traslados y alojamiento de detenidos, carencia de recursos materiales y humanos, lo que no garantiza las "condiciones mínimas necesarias" para que sea efectiva en la práctica. Pero ante el suspenso inicial de su puesta en marcha que cambió ahora, la Asociación con la firma de su comisión directiva "no puede dejar de señalar su preocupación ante la inminencia de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 sin estudios previos de factibilidad", por lo que "exhorta a las autoridades para que, previo poner en marcha cualquier reforma procedimental se adopten las medidas necesarias para su implementación y se dote de los recursos imprescindibles para asegurar el éxito de la misma". La carta/advertencia culmina con una autocobertura en caso de no ser oídos y así, "no se los haga cargo luego de su posterior fracaso".