17 de marzo 2011 - 00:00

Alarma: siguen entrando usurpadores en Soldati

María Eugenia Vidal
María Eugenia Vidal
Nuevas ocupaciones en el predio de Villa Soldati ahondaron la polémica entre la Justicia y los gobiernos nacional y porteño por el incumplimiento de la orden de desalojo de un magistrado federal, a doce días de la toma del complejo habitacional. El juez de Quilmes Luis Armella amplió ayer el mandato de desocupación del predio y le demandó al Ejecutivo porteño cumplir esa orden con la Policía Metropolitana, así como realizar un censo entre los ocupantes.

La nueva toma se concretó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, y fue informada al magistrado por un jefe policial.

El juez recibió el dato con indignación por las confirmaciones que había recibido en los últimos días, por parte de las policías Federal y Metropolitana, acerca de una custodia permanente en el predio situado en Lafuente y Castañares.

La información motivó una resolución más de Armella: les ordenó al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, y a la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, informar de inmediato acerca de la nueva intrusión y sobre el personal que se encontraba de custodia en esos momentos. También le reclamó a Burzaco informar «la situación actual de medios y posibilidad de ejecución» del desalojo por parte de la Metropolitana, bajo apercibimiento de «multa diaria». Ya hizo lo mismo con la subsecretaria Caamaño.

Otro punto central de la resolución fue requerirles a las autoridades de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), así como a la ministra de Desarrollo de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la realización de un censo entre los ocupantes, en el plazo de cinco días.

En los fundamentos de la resolución, Armella hizo foco en la responsabilidad del Gobierno porteño frente a la continuidad de la toma. Tras recordarle sus obligaciones a Mauricio Macri, el magistrado agregó que «cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados -como lo es en el caso en tratamiento-, constituyen una actuación desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial».

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