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Alarma: siguen entrando usurpadores en Soldati
María Eugenia Vidal
La nueva toma se concretó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, y fue informada al magistrado por un jefe policial.
El juez recibió el dato con indignación por las confirmaciones que había recibido en los últimos días, por parte de las policías Federal y Metropolitana, acerca de una custodia permanente en el predio situado en Lafuente y Castañares.
La información motivó una resolución más de Armella: les ordenó al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, y a la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, informar de inmediato acerca de la nueva intrusión y sobre el personal que se encontraba de custodia en esos momentos. También le reclamó a Burzaco informar «la situación actual de medios y posibilidad de ejecución» del desalojo por parte de la Metropolitana, bajo apercibimiento de «multa diaria». Ya hizo lo mismo con la subsecretaria Caamaño.
Otro punto central de la resolución fue requerirles a las autoridades de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), así como a la ministra de Desarrollo de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la realización de un censo entre los ocupantes, en el plazo de cinco días.
En los fundamentos de la resolución, Armella hizo foco en la responsabilidad del Gobierno porteño frente a la continuidad de la toma. Tras recordarle sus obligaciones a Mauricio Macri, el magistrado agregó que «cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados -como lo es en el caso en tratamiento-, constituyen una actuación desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial».


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