Tras haber dispuesto la competencia originaria de la Corte, los cuatro ministros que firmaron la decisión resolvieron “requerir a la provincia de Río Negro el informe circunstanciado que prevé el artículo 8° de la Ley 16.986, que deberá ser contestado en el plazo de setenta y dos (72) horas, quedando habilitados días y horas, como ya se dijo, para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación del proceso”. En ese escrito pidieron que se le comunique al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y al fiscal de Estado en el mismo sentido para que la jueza federal de Viedma sea notificada para que, a su vez, informe a las partes “con carácter de urgente”. Basaron su decisión en el antecedente de La Rioja que habían firmado días atrás: “Dado que es parte demandada una provincia y que los puntos sobre los que versa la causa entrañan una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria de esta Corte”. De todas formas, rechazaron otorgar una medida cautelar como la que solicitaba Martín Soria para que “mientras se sustancia el proceso, se ordene al Tribunal Electoral Provincial de Río Negro que se abstenga de oficializar la candidatura a gobernador de Weretilneck”. De todas formas, con el 22 de marzo como horizonte, los cuatro jueces de la Corte, con excepción de Carlos Rosenkrantz, difirieron esa cautelar al momento de dictar sentencia en el caso que se “coló” en la agenda suprema.
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