Anuncian plan para la reforma de Defensa de la Competencia

Incluye figura del arrepentido para que se puedan denunciar prácticas monopólicas y también multas más altas a empresas.

Autonomía. Es lo que se busca con la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, según el proyecto que explicará Cabrera.

 El ministro de Producción, Francisco Cabrera, presentará hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar la actual legislación de Defensa de la Competencia junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri. A la presentación -prevista para las 15- también asistirán el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, en tanto que podría sumarse el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot.

El proyecto, redactado por Carrió y Negri, mantiene como eje central la creación de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, la cual funcionará de manera autárquica (ya no dependerá de la Secretaría de Comercio como hasta ahora), y la inclusión de la figura del arrepentido para que una persona puede denunciar prácticas monopólicas de abuso de posición dominante dentro del mercado. De esta manera, la legislación argentina incorporaría una herramienta válida para detectar delitos de cartelización, que es la situación cuando dos o más empresas del mismo sector acuerdan precios para perjudicar o eliminar a la competencia.

El proyecto también contempla la elevación de las multas contra empresas que abusan de posiciones dominantes, en tanto que también se avanzaría en la suba del monto que se establece como piso por encima del cual las empresas están obligadas a pedir una habilitación especial para fusionarse con otras empresas.

El piso, que había quedado muy desactualizado producto de la inflación de los últimos años, pasaría de $200 millones a $2.250 millones, lo que implica que sólo si la fusión de empresas supera ese umbral podría caberle una investigación.

La sanción de la actual ley de Defensa de la Competencia data de agosto de 1999, durante los últimos meses del Gobierno de Carlos Menem, y su tratamiento fue motivado por la reforma constitucional de 1994.