21 de mayo 2010 - 00:00

Apelación de Macri dice que Oyarbide no tiene pruebas

Mauricio Macri, junto al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, y una maestra jardinera de la Escuela 7 del barrio de La Boca, donde se inauguraron obras.
Mauricio Macri, junto al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, y una maestra jardinera de la Escuela 7 del barrio de La Boca, donde se inauguraron obras.
Los abogados defensores de Mauricio Macri, además de pedir el apartamiento del juez Norberto Oyarbide (ver nota aparte) de la causa por escuchas, ayer presentaron la apelación al procesamiento por la presunta participación en una asociación ilícita contra el jefe porteño. El documento de 19 carillas abunda en los cuestionamientos que Macri viene formulando públicamente con respecto a lo que cree ha sido una causa direccionada para acusarlo y que los hechos no estarían probados. Al jefe porteño Oyarbide le imputa relación en las escuchas ilegales a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de familiares de la AMIA, Sergio Burnstein, las cuales se realizaron con la intermediación del detenido Ciro James, quien era empleado del Gobierno de la Ciudad y a quien el juez le endilga conformar esa banda junto, entre otros, al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios.

A través de sus abogados, Macri dice que en realidad la supuesta asociación ilícita existía antes de que él fuera jefe de Gobierno y la integraban otras personas y que, por otra parte, no habría circunstancias que le prueben alguna conexión con la intervención de los teléfonos.

La apelación era un recurso que se esperaba, no en cambio la recusación, que parece tardía a los ojos de algunos especialistas, ya que Macri viene sosteniendo desde hace rato que para su criterio el juez ya lo había prejuzgado. Las medidas revelan además que no hubo hasta el momento una estrategia coordinada ni debatida entre la defensa del mandatario y la del ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, quien resultó sobreseído al tiempo que recusó al juez, pero el mismo día en que fue citado a indagatoria.

La doble embestida de Macri podría coronarse con el pedido de juicio político a Oyarbide que viene estudiando el PRO. La apelación de ayer, por otra parte, contiene 25 puntos contra el fallo, en su mayoría castigando al magistrado, que por momentos se convierte en un cruce de hipótesis.

Entre los argumentos para solicitar la apelación, la defensa del jefe porteño sostiene que el juez fue parcial y da como ejemplo que, de todas las escuchas que se detectaron en la investigación se limita a las realizadas a Burnstein y a Leonardo y es «el único interés hipotético que permanece en el expediente», lo que «significa una decisión del juez de autolimitarse en la búsqueda de la verdad».

Dicen además los letrados Sergio Feder y Ricardo Rosental, que Oyarbide con respecto al cuñado de Macri «no ahondó en sus actividades profesionales (recuérdese que Leonardo actuaría como parapsicólogo, desconocemos si con personas bajo 'tratamiento') o privadas, no se ahondó en sus posibles conflictos íntimos o familiares».

Vocero de la apelación fue el secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, quien se ocupó de difundir el recurso y explicar su contenido, mientras que Macri prefirió no estar en esa escena y entregarse a fotos de sus actos de gestión.

El funcionario insistió con que «hay intencionalidad política» en el procesamiento dictado a Macri y «parcialidad y direccionalidad en la causa, motivadas por la influencia política de Néstor Kirchner y el oficialismo del Gobierno nacional, que lleva adelante una persecución contra el jefe de Gobierno».

Tras los feriados del Bicentenario se conocerá primero la decisión de Oyarbide con respecto a la recusación, que de ser rechazada será apelada a la Cámara Federal, que también deberá atender el pedido de apelación.

Entre los destacados de la presentación, el macrismo señaló algunos puntos: 

  • El procesamiento no refleja el contenido del expediente.

  • La investigación fue sesgada y direccionada desde el principio. El juez acotó su investigación al período 2007-2009, el período que Macri está en la Jefatura de Gobierno, pero hay escuchas que se remontan más allá de diciembre de 2007, pese a que la Cámara ordenó lo contrario.

  • La reconstrucción de los hechos es arbitraria y antojadiza. 

  • Frente a la falta de pruebas, el juez tiene una mirada tendenciosa.

  • El juez procesa a Macri por dos escuchas por un supuesto interés que no está probado.

  • Oyarbide distorsionó la declaración de Leonardo. Leonardo dijo que «creía» que Franco Macri le podría haber pedido a Mauricio Macri ayuda para escucharlo.

  • En el procesamiento no se evaluó el contenido de las escuchas a Leonardo. De haberse evaluado, se podrían haber obtenido pruebas para dar con el verdadero responsable de las escuchas.

  • La transparencia en la contratación de James debería ser una prueba a favor del desconocimiento del Gobierno de sus actividades, y no lo contrario.

  • El juez vincula a Macri con James sólo porque cuando retiraba las escuchas de Leonardo, éste activaba su celular en zonas cercanas a su casa.

  • El juez no evaluó que no existen comunicaciones entre Macri y Ciro James.

  • No hay contactos probados entre Macri y ninguno de los integrantes de la supuesta asociación ilícita.
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