Apuran jubilaciones y ajustan sueldo político en 8 provincias

Daniel Scioli

Cercados por las urgencias financieras y con la pretensión de profundizar el ajuste del gasto, ocho gobernadores decidieron congelar o recortar los salarios de la planta política y acelerar la jubilación masiva de trabajadores estatales para achicar la plantilla de empleados públicos.

En el lote de distritos donde en los últimos días se impuso un tijeretazo o un techo inamovible a los sueldos de la planta política se encuentran Chubut, Córdoba, Chaco y Río Negro, mientras que apuran jubilaciones -o evalúan hacerlo- Buenos Aires, Catamarca, Neuquén y Río Negro.

Por caso, el chubutense Mario Das Neves ordenó una reducción de sueldo de la planta política en un 10% a partir de abril. Según el ministro de Economía local, Víctor Cisterna, el ahorro va a ser destinado a «algunas cuestiones fundamentales, como las becas para los chicos que están estudiando fuera de la provincia».

En sintonía, el cordobés Juan Schiaretti decidió congelar los sueldos de los funcionarios políticos y de sus asesores, como parte de un plan más amplio de recorte del gasto público del 20%.

En esa línea, el chaqueño Jorge Capitanich anunció que aplicará un descuento de haberes a funcionarios «por incumplimiento de metas» para alentar «el máximo nivel de eficiencia» durante su gestión. La pretensión apunta a reducir en 250 millones de pesos anuales el gasto público.

En Río Negro, en tanto, el radical K Miguel Saiz puso como límite para los haberes de todos los funcionarios el sueldo asignado al cargo de gobernador.

En paralelo, en algunas provincias la intención de acelerar jubilaciones de trabajadores estatales en forma compulsiva ya fue hecha pública por los mandatarios, mientras que en otros distritos todavía está siendo evaluada.

En todos los casos, el malestar gremial va in crescendo y se convierte en un nuevo factor de presión que se suma a las embestidas salariales, una postal a todas luces riesgosa en pleno año electoral.

Se trata, en rigor, de una de las vías por las cuales los Ejecutivos del interior buscan oxigenar las asfixiadas cuentas, cuyo deterioro se vio profundizado desde noviembre por la crisis financiera internacional, de la mano de la desaceleración de los envíos de coparticipación y de la merma en la percepción de tributos locales.

Si bien las cuentas recibieron al menos un alivio este mes, a partir del inicio del goteo del 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la soja, lo cierto es que esos fondos no podrán ser utilizados para el pago de salarios, uno de los compromisos más pesados que enfrentan los gobernadores.

Por la ley

Uno de los casos emblemáticos es el bonaerense. Allí el gobernador Daniel Scioli apuesta a acelerar la jubilación «en tiempo y forma» de cerca de 10 mil estatales (sobre un total de más de 450 mil trabajadores), de más de 60 años y con 35 años de servicio, con el consiguiente impacto positivo en materia de recorte de gasto.

«No se trata de una jubilación anticipada, sino de cumplir con la ley», se apresuraron a aclarar en los últimos días fuentes gubernamentales, ante la protesta de los sindicatos.

En paralelo, en Catamarca, el mandatario Eduardo Brizuela del Moral (ex radical K y hoy cobista) ordenó por decreto en las últimas horas apurar la jubilación de aquellos empleados provinciales que cumplan con los años de servicio y edad establecidos por las leyes nacionales 24.241 y 24.016.

«Nos preocupa el monto a liquidar, porque no hay que olvidarse que permanentemente hemos planteado que deberían derogarse todas las cifras en negro; no está claro cuál será el alcance que tendrá el decreto», disparó el secretario general del SUTECA, Juan Godoy, en declaraciones publicadas por El Ancasti.

«No se puede obligar a nadie a jubilarse por decreto, porque las jubilaciones provinciales están regidas por la Constitución provincial», contraatacó, por su parte, el titular de ATE, Arnoldo Núñez, además de advertir que «van a llover los juicios al Estado».

«El artículo 180 de la Constitución habla claro de que nuestra jubilación es con 25 años de servicio y sin límites de edad», enfatizó desde el Frente de Unidad Docente, Aurora Chocobar.

En Neuquén, por su parte, la posibilidad de acelerar las jubilaciones provinciales -entre otras medidas- fue analizada en un encuentro que mantuvieron días atrás funcionarios del Gobierno de Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino) con intendentes.

«Hay que proponer alternativas comunes, a los efectos de paliar la crisis y racionalizar los gastos. Esto es, seguro de desempleo, jubilación anticipada, congelamiento de vacantes y ajustes financieros», sostuvo en esa oportunidad el intendente de Junín de Los Andes, Enrique Campos.

Por su parte, el rionegrino Verani pidió a funcionarios y trabajadores del Ejecutivo en condiciones de jubilarse que inicien ya los trámites de rigor.