Arman juicios por ley antialcohol

Un grupo de empresas que comercializa bebidas alcohólicas a través del delivery nocturno se anticipó a la promulgación de una norma impulsada por PRO y amenaza con iniciar acciones de amparo si Mauricio Macri insiste con la medida, que eliminará la entrega nocturna a domicilio de bebidas alcohólicas.

En el paquetazo de leyes que la Legislatura porteña sancionó antes del recambio de bancas del 10 de diciembre pasado, figura la iniciativa para prohibir el delivery de bebidas e impulsar medidas tendientes a disminuir el consumo de alcohol. No sólo fue promocionada por Horacio Rodríguez Larreta, sino que el bloque oficialista contó con los votos de bancadas opositoras para sancionar la ley, entre ellas el bloque PJ, que argumentó la necesidad de coincidir con medidas similares a las que adoptó la provincia de Buenos Aires.

La ley crea un registro de expendedores y habilita una licencia especial para la actividad, pero además señala que «el expendio de bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento que las comercializa queda restringido al horario comprendido entre las 8.00 y las 22.00». Siempre considerando la prohibición de venta a menores de edad, la norma indica que «para la modalidad de envío a domicilio, la entrega queda restringida al horario de 8 a 24».

Macri aún no promulgó la norma, pero tiene previsto hacerlo esta semana. De ese modo, los abogados que representan a una docena de empresas que ofrecen la entrega a domicilio a través de la web, entre otras modalidades, anticiparon que no bien la ley se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a presentar quejas en la Justicia. Aducen que el Código Contravencional habilitó a sus clientes para armar el negocio y que ahora se verían afectados ya que el principal horario de su trabajo sería precisamente el que prohibirá la norma.

«Nuestros clientes realizaron importantes inversiones para llevar adelante un negocio lícito, el cual hoy se les arranca de las manos sin indemnización alguna», explicó una de las abogadas representantes del grupo de empresas, María Florencia Alemanno, que intentarán detener la aplicación de la ley, que tiene por objeto «promover medidas para regular la comercialización de bebidas alcohólicas». Entre ellas, obliga al Gobierno porteño a realizar campañas en ese sentido, especialmente destinadas a los menores de edad. Además, crea el Registro Público de Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control, un organismo descentralizado del Gobierno porteño.