Armas: desfile de ex funcionarios en febrero

El desfile de ex funcionarios del Gobierno de Carlos Menem en los pasillos de Tribunales se reactivó el viernes pasado, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 comenzó a tomar nuevas declaraciones testimoniales sobre el supuesto tráfico de armas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995.

El debate judicial, que lleva más de un año, y tiene como a uno de sus principales acusados al ex presidente, se reanudó luego de la feria judicial de enero. El primero en declarar fue el perito contador Alfredo Poprit, quien mencionó presuntos desfases en los informes sobre el «stock» de armamento en arsenales y fábricas militares y la falta de justificación de la exportación de armas.

El tribunal, integrado por Luis Imas, Gustavo Losada y Horacio Artabe, también escuchará a lo largo de este mes los testimonios del ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy.

Además de Menem y de su ex cuñado Emir Yoma, en la causa -que instruye actualmente el juez de primera instancia en lo penal económico Rafael Caputo- hay otros 16 procesados.

En la nómina figuran el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, el ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Luis Sarlenga y el supuesto traficante de armas Diego Palleros.

También están procesados los ex directores de Seguridad Internacional y Coordinación Empresaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Enrique De la Torre y Mauricio Musi, y los ex funcionarios de la DGFM Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Antonio Vicario y Julio Sabra. La lista de procesados la completan el ex director de la fábrica militar de Río Tercero Jorge Cornejo Torino, la ex jefa de abastecimiento de la DGFM Teresa Irañeta de Canterito y la ex verificadora de la Dirección General de Aduanas María Teresa Cueto.

La causa se inició en 1995, con una denuncia que acusó al Gobierno de Carlos Menem de formar una supuesta asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de material bélico al exterior, bajo la pantalla de operaciones comerciales con Panamá, Venezuela y Bolivia.