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Arrugó D’Elía ante la jueza después de criticar a Macri
El piquetero Luis D’Elía toreó a Mauricio Macri al asegurar que nunca iba a pedir permiso para hacer una protesta, mientras que durante el juicio en su contra se deshizo en excusas sobre el corte del 7 de mayo pasado.
Un reto de la jueza Cristina Lara, por haber llegado tarde fue suficiente para que el piquetero dejara la piel de lobo que había exhibido frente a las cámaras. A la reconvención siguió un pedido de su defensor, Adrián Albor, para que su cliente no tuviera que presenciar el juicio, lo que fue rechazado por la magistrada. Callado, y con anteojos para la presbicia, DElía se resignó a escuchar los testimonios de los oficiales de la Policía Federal que declararon como testigos en el juicio.
Todos detallaron que habían sido notificados por el jefe de Operaciones de esa fuerza, uno o dos días antes sobre la realización de la caravana que protagonizó el piquetero el 7 de mayo pasado. Esa marcha atravesó el centro porteño por la avenida Rivadavia durante todo el día y terminó en un acto en la Plaza de Mayo, en que DElía pidió «más morochos en las listas», justo antes del cierre de candidaturas para las elecciones legislativas del 28 de junio pasado.
Luego de la primera declaración del comisario Eduardo Metta, y de una serie de retrasos por pedidos como ir al baño -que evocaron el pasado docente del piquetero-, el fiscal a cargo Adolfo Dormida, interrogó al propio imputado. DElía abrió su discurso con una insólita aclaración sobre que no correspondía «exponer las razones políticas y sectoriales de la marcha», como intentando borrar ese momento de tensión con Néstor Kirchner y el intento frustrado de imponer dirigentes de las agrupaciones piqueteras en las listas del Frente para la Victoria.
También se encargó de subrayar una y otra vez que él no había sido el único organizador de la marcha, sino que fue decidida por «las 31 organizaciones sociales que conforman la Central del Movimiento de los Trabajadores». Y, casi presentándose como una víctima, señaló que no había podido liberar un carril de la avenida Rivadavia, como había dispuesto el fiscal de turno, debido a la gran cantidad de gente y porque «en una marcha de pobres como la nuestra no había soporte material para comunicarse entre sí».
El piquetero enfatizó además que había notificado al ministro del Interior, Florencio Randazzo y al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, la realización de la marcha, durante la reunión que había mantenido días antes con ellos para hablar de las candidaturas del PJ. Ambos funcionarios declararon por escrito que esto había sido así. A esta altura poco quedaba de la rebeldía de la mañana.
Esta notificación es uno de los argumentos principales de la defensa, ya que, según señalaron, la ley establece que sólo se debe notificar a «la autoridad competente» sin precisar cuál.
El piquetero fue acusado por la supuesta infracción del artículo 78 del Código Contravencional porteño, que contempla una sanción de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 1.000 a quien obstruya la vía pública e impida la circulación vehicular. También podría ser condenado por infringir el artículo 69 del Código, que establece que «quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos es sancionado con 1.000 a 5.000 pesos de multa o arresto de dos a diez días».


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