Aspirantes a nueva Casación ajustan queja ante la Corte Suprema

Ricardo Lorenzetti

Un grupo de 10 jueces que aspiran a integrar la Casación Penal ordinaria, procedimiento que lleva una demora de seis años, enviará esta semana una nota formal a la Corte Suprema de Justicia mediante la cual requerirán una solución inmediata a su situación de impasse. Es un asunto álgido en el interior del Poder Judicial tanto por los alineamientos políticos que exhibe como por la competencia silenciosa que existe entre la Casación que todavía no vio la luz y la que actualmente acumula asuntos del fuero federal y del ordinario. Un examen para la Corte, pero también para la Magistratura.

Los jueces para la nueva instancia ya fueron avalados por el Senado y cuentan con el decreto firmado por el Poder Ejecutivo, de hecho, en los tribunales los llaman -no sin cierta ironía- los "jueces de Boudou" en referencia a que fue el vicepresidente quien firmó los decretos porque Cristina de Kirchner se encontraba de licencia médica. El concurso para nombrarlos comenzó en 2008, pero todavía no se hallan en funciones.

En diciembre del año pasado fueron recibidos por Ricardo Lorenzetti y el secretario de Gestión de la Corte, Alfredo Kraut. "El Poder Judicial necesita jueces y yo tengo la mejor predisposición para que ustedes comiencen a trabajar en la Casación ordinaria", les dijo el presidente de la Corte, que conoce, además, el dato de que más del 50% de los expedientes que tramitan en la Casación Penal Federal son de naturaleza ordinaria.

El problema que se planteó en ese encuentro a puertas cerradas en el cuarto piso del Palacio fue la falta de estructuras edilicias para ubicar a los nuevos camaristas. Lorenzetti explicó que esa era una atribución del Consejo y luego creó un grupo de trabajo integrado por Kraut, la jueza María Laura Garrigós de Rébori (titular de la corriente Justicia Legítima y con destino a la nueva Casación) y el entonces presidente del Consejo, el juez Mario Fera.

Desde la Corte no hubo más novedades, por eso entre los aspirantes a la Casación acordaron enviar una nota formal en los próximos días. La discusión de fondo es el contenido: las posturas más extremas buscan transmitir la idea de que la propia Corte obstaculiza el proceso.

Sería una devolución amarga luego de que el máximo tribunal autorizara a Garrigós de Rébori a integrar Justicia Legítima. Todo un gesto a pesar de que en la Corte hay quienes ven en ese grupo las formas de un partido político (las afiliaciones son inviables para los jueces).

Días atrás los aspirantes a la nueva Casación fueron recibidos por el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alejandro Sánchez Freytes. Éste los recibió con el dato de que el Poder Ejecutivo podría cederles un edificio ubicado en Tucumán y Talcahuano. Una vez habilitado el edificio, el último trámite sería activar la contratación del personal y luego la toma de juramento que correría por cuenta de Lorenzetti.

El ascenso para estos jueces no es un detalle grato en la Casación federal. A fines del año pasado hubo una gran resistencia a allí a que estos jueces pudieran subrogar las vacantes existentes por la cercanía de algunos de ellos a Justicia Legítima. Esto quedó claro en el último plenario de esa Cámara en 2013, cuando avisaron que no precisaban subrogantes ya que podían resolver las vacantes internamente (según una ley de la reforma judicial que no fue anulada estos jueces podrían subrogar en el pleno federal, donde están las causas que inquietan al poder político).

Un panorama que se pondrá a prueba en los próximos meses si finalmente se concretan la jubilación del camarista Pedro David (por distintos motivos, ninguno de sus colegas lo desea), la salida "elegante", como dice él, del juez Eduardo Riggi y, finalmente, si en la feria invernal de julio Luis María Cabral solicita una licencia para lanzarse de lleno a su campaña para el Consejo de la Magistratura.