Autos: también en Tucumán cobran polémico impuesto

José Alperovich

La voracidad de las administraciones subnacionales por incrementar los ingresos propios por recaudación -especialmente en un año electoral- acrecentó la polémica por la sobreimposición en el cobro de impuestos.

En este contexto, aprovechando el récord de los últimos años en la venta de automóviles, tanto 0 km como usados, Tucumán se sumó al lote de distritos que obliga al comprador a pagar un 3% sobre el valor del auto para operaciones concretadas fuera de la pro-vincia o en agencias no oficiales.

La imposición de esta alícuota -en algunos casos, con valores inferiores- rige también en Santiago del Estero, Chaco, Mendoza y Salta. Esto supone, por caso, que un vehículo valuado en $ 60.000 adquirido en otra jurisdicción tendría que pagar un impuesto del 3% que representa unos de $ 1.800 al momento de ser inscripto en la provincia donde el comprador declara domicilio permanente.

La vigencia de este gravamen -justifican oficialmente- permite dar equidad tributaria a los concesionarios locales frente a los de otras jurisdicciones.

Sin embargo, en Tucumán, la concesionaria del propio gobernador José Alperovich y la de su padre León Alperovich, envió durante muchos años equipos móviles que instalaban stands en las calles de provincias vecinas como Santiago del Estero y vendían autos tucumanos. Por lo tanto, el cobro de este impuesto en Tucumán estimula a algunas concesionarias locales, entre las cuales una de las más importantes pertenece a la familia del gobernador.

Planteo

La polémica instalada en este distrito chocó con un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que hizo lugar al planteo del abogado Daniel Moeremans, quien había compra-do un Audi A3 en Capital Federal y en enero de 2006 lo llevó a Tucumán, donde actualmente reside. Cuando fue a inscribirlo, lo intimaron a pagar un 3% sobre el monto total de valor del vehículo, por el Impuesto de Sellos. Finalmente, Moeremans logró inscribirlo sin pagar la tasa y Rentas le inició un sumario. Fue entonces cuando el abogado inició acciones por vía administrativa (sin resolución favorable), por lo que elevó el caso al fuero judicial.

Una vez conocido el fallo, desde el Gobierno anunciaron que apelarían la sentencia hasta llegar a la Corte Suprema.

El titular de la Dirección General de Rentas, Pablo Clavarino, justificó la posición del Gobierno al señar que la modificación del Código Tributario es clara cuando obliga al contribuyente a radicar su automóvil en el domicilio permanente. «Por eso, la Justicia rechazó el planteo de inconstitucionalidad», afirmó el titular del organismo recaudador. En cambio, para algunos expertos locales en tributos, se estaría ante un impuesto desnaturalizado porque se trata de una doble imposición (federal y provincial) sobre bienes personales.