Bingos en revisión: Scioli sondea vía para cobrar más

Gabriel Mariotto

La urgencia económica para el pago del aguinaldo fue el detonante. Luego, en efecto dominó, llovieron los planteos para abrir una discusión de fondo sobre el negocio del juego que tuvo, como dato anexo, la impetuosa irrupción de sectores K en la pulseada.

El Gobierno bonaerense da por hecho que en el futuro cercano el debate tomará intensidad. Es razonable: la semana pasada, tres legisladores kirchneristas y varios opositores agitaron, con matices, propuestas para avanzar sobre el sistema de juegos de azar.

Frente a eso, Scioli mandó a sondear la alternativa de convocar una mesa para discutir eventuales reformas a la legislación que regula la actividad en la provincia. A priori, el atajo que se explora es abrir una discusión interperonista, acotada al bloque del FpV.

No hay fecha ni agenda definidas. En los últimos días el peronismo mostró alternativas múltiples: desde la hipótesis de estatización que lanzó el randazzista Mario Caputo hasta el foco sobre la rentabilidad que propuso Fernando «Chino» Navarro, del Movimiento Evita.

La última pista llegó del Senado. El legislador Alejandro Dichiara, también ligado a Florencio Randazzo pero que se integró al esquema de Gabriel Mariotto, apuntó a cómo se reparten las ganancias de los bingos, no sólo el entre Estado y empresas, sino entre privados y fundaciones.

El fin de semana, el ministro K entró en persona en la ruleta al plantear que «no es descabellada» la estatización del juego. «No creo que esté mal -dijo Randazzo- que se ponga sobre la mesa la discusión de si la explotación del juego debe estar en manos de privados o del Estado. Es un debate político que se puede dar, es viable».

Por otras vías, el FAP, la Coalición Cívica (CC) y el sabbatellismo se plegaron al coro de reclamantes.

Las pocas señales que, en reserva, dejó circular el gobernador indican que una «estatización» podría derivar en una catarata de juicios, a la vez que aumentar el canon sería abstracto porque no entraría en vigencia hasta que se tengan que renegociar licencias.

La alternativa es más simple: retocar el esquema impositivo en lo referido a Ingresos Brutos. Años atrás, la alícuota era del 2%, ahora trepó al 8%. ¿Será del 10%, del 12%? Ese es el capítulo sobre el que se centrará la discusión.

El circuito del juego, que se reparten 46 bingos y se agrupa en dos cámaras enfrentadas, una integrada por los grupos más grandes -Codere, Daniel Angelici, Daniel Mautone- y otra por propietarios sueltos, entre ellos el grupo Midas, envió señales de inquietud.

Aparece, en el sector, un interrogante triple. ¿Avala la Casa Rosada el debate sobre la estatización? ¿Eso perjudica o beneficia a Scioli? ¿La avanzada de legisladores K en qué clave debe leerse respecto de la expansión que planea Cristóbal López en la provincia?

Las respuestas son parciales. El rechazo de Mariotto a la extensión de las licencias despertó silenciosos reproches entre los bingueros porque en 2007, antes de dejar la presidencia, Néstor Kirchner prorrogó la licencia de Palermo hasta 2032 sin pago extra.

Con ironía, un empresario planteó que hubiese aceptado aquel modelo que consistió en el compromiso de multiplicar la cantidad de máquinas -además de inversiones en obras- sin tener que abonar un canon adicional para garantizarse la explotación por 20 años más.

Por entonces, Kirchner firmó la resolución para «liberar» a su esposa de tener que hacerlo apenas llegada a la presidencia. Forma parte de esa obsesión de «cuidarla» que el patagónico les transmitía a los referentes del peronismo, tal como recordó Cristina la semana pasada en José C. Paz.

Cristóbal López, protagonista de aquel episodio, es una figura recurrente en estos días. López, que controla el bingo de Polvorines, avanzó en negociaciones para adquirir otros dos: el de Avellaneda y el de Florencio Varela.

Pero las operaciones se habrían frustrado por una mandato directo de Cristina. «Díganle que no compre más» es la frase que en el mercado del juego se pone en boca de la Presidente para frenar la expansión del empresario chubutense. La orden, según el relato, habría sido tercerizada.

No es la primera vez que desde Olivos se sugiere a López que dé marcha atrás con un negocio. Tras quedarse con el 70% del banco Finansur, el empresario había iniciado una conversación para adquirir otra entidad. No pudo ser: la Presidente le dijo que cancele la compra.

En el primer caso, según operadores del circuito, el empresario consultó con Cristina. Quienes estuvieron al tanto de la negociación cuentan que la zanahoria fue nutrir la cuenta del Finansur con depósitos de la ANSES refugiados en el Macro de Jorge Brito.

Hay quienes se tientan con vincular aquella directiva con la propuesta de estatización que hizo correr el randazzismo. En tanto, en sectores K entienden que «estatizar» implicaría darle a Scioli el manejo de una caja fenomenal que reduciría su dependencia económica de la Casa Rosada.

Para López hay otro frente crítico. La licitación del control de las apuestas on line, que hasta fin de año conserva la firma Boldt, es otro de los rubros que tiene en la mira López a través de la empresa Tecno Action.

El proceso se operativizó, pero ya quedó embretado en una previsible judicialización: Boldt impugnó el trámite por considerar que la convocatoria está diseñada para que la beneficiaria sea la compañía de la que es accionista el empresario K.