20 de enero 2010 - 00:00

Bloques anti-K piden juicio a Aníbal

Elisa Carrió (Coalición Cívica), Federico Pinedo (PRO), Felipe Solá (PJ disidente) y Oscar Aguad (UCR) quieren sentar al jefe de Gabinete en el banquillo de los acusados.
Elisa Carrió (Coalición Cívica), Federico Pinedo (PRO), Felipe Solá (PJ disidente) y Oscar Aguad (UCR) quieren sentar al jefe de Gabinete en el banquillo de los acusados.
Los principales bloques de la oposición presentaron ayer un pedido de juicio político contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por «avasallar la independencia del Poder Judicial».

El planteo está basado en la intervención de Fernández en dos casos judiciales: la pelea en el gremio de los aeronavegantes, en el que el ministro indicó a la Policía incumplir un fallo que había dispuesto un desalojo, y por haber ordenado apostar un patrullero frente al domicilio de la jueza María José Sarmiento como un gesto de «intimidación», según consideró la oposición.

La iniciativa que pretende remover de su cargo al ministro fue firmada por los jefes de los bloques de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; del PRO, Federico Pinedo; del Peronismo Federal, Felipe Solá; y de la UCR, Oscar Aguad, pero recibió además la adhesión de una veintena de legisladores de las cuatro bancadas.

«Lo queremos al jefe de Gabinete en el banquillo de los acusados de la Cámara de Diputados por abuso de autoridad y mal desempeño de sus funciones» en conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional, señaló Carrió en conferencia de prensa.

De hecho, en su presentación a la Comisión de Juicio Político de la Cámara reclamaron «que se arbitre una profunda investigación de los hechos denunciados, se profundice en la obtención de las pruebas y se cite a Aníbal Fernández a efectos de dar por producida la causal de remoción», además de convocar a declarar a los jueces Sarmiento y José Sudera (que actuó en la causa por el gremio de aeronavegantes).

«Fernández ha cometido actos incompatibles con nuestro sistema republicano y su actuación implica un avasallamiento de los poderes y una clara afectación al principio de independencia del Poder Judicial. Se trata de una violación a la división de poderes y al principio republicano de gobierno, intolerable en un sistema democrático», remarcaron los cuatro bloques opositores en el texto que ya ingresó en la Mesa de Entrada del Congreso.

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