El exgobernador de Santa Cruz y socio de Máximo Kirchner en el rubro inmobiliario, Carlos Sancho, fue procesado ayer por el juez Claudio Bonadio por asociación ilícita y lavado de dinero, en el marco de la causa Los Sauces. Fue acusado de participar de una supuesta maniobra de la familia Kirchner para cobrar alquileres de propiedades de esa sociedad y evadir el control judicial. Además, le trabó un embargo sobre sus bienes de $10 millones.
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En esta misma causa, el juez ya procesó como supuestos jefes de una asociación ilícita a la expresidente Cristina de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, y a otros acusados, en un fallo ahora bajo revisión de la sala I de la Cámara Federal. También ordenó la prisión del contador Víctor Manzanares lo que disparó la indagatoria a Sancho con destino previsible en manos de Bonadio.
En su decisión, el magistrado consideró que Sancho "es integrante de la banda y que desempeñó "la gestión de cobranza, junto a Manzanares hasta su detención, de los alquileres del condominio formado por Florencia y Máximo Kirchner, figura jurídica establecida luego del desplazamiento de éste último como administrador de la sucesión".
En cuanto al delito de lavado de dinero, el juez consideró que "el dinero utilizado para pagar los alquileres viene contaminado por la concesión de la obra pública ilegal y su ingreso en el sistema bancario es para ocultar su origen ilícito". "El aporte de Sancho en estos hechos es el haber creado empresas a fin de canalizar los alquileres espurios hacia la empresa Los Sauces S.A. y gerenciar con una de sus empresas, y de la que luego formó parte como empleado, un hotel perteneciente a la sociedad de la familia Kirchner-Fernández", concluyó.
El pasado 1 de agosto, Sancho se negó a declarar en indagatoria ante el juez Bonadio y explicó que fue notificado de la intervención recién el 13 de julio pasado, cuando ya había entregado -en efectivo- a empleados del Condominio propiedad de Florencia y Máximo Kirchner unos $174 mil correspondientes a la recaudación de alquileres.
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