Bonadío se impuso por 2-1 y retiene proceso polémica

Edición Impresa

 La Casación Penal Federal confirmó ayer al juez Claudio Bonadío al frente del caso Hotesur. El magistrado logró así eludir la recusación interpuesta por Romina Mercado, integrante del directorio de la firma hotelera. Contó con los apoyos de los camaristas Gustavo Hornos y Luis Cabral, en tanto Ana María Figueroa se pronunció en disidencia. La novedad es incómoda para el oficialismo que entiende a Bonadío como un juez cercano a la oposición y que ahora está confirmado en un caso de alta sensibilidad. La misma Sala que ayer blindó a Bonadío ahora debe pronunciarse sobre el dictamen del fiscal Javier de Luca que desestimó la última denuncia de Alberto Nisman.

El voto de la jueza Figueroa merece consideraciones que a su vez sirven para entender la interna que domina al máximo tribunal penal del país. La camarista respaldó la recusación contra Bonadío y se justificó mediante la descripción de supuestas irregularidades que acontecerían en su juzgado del estilo "demoras en la entrega de fotocopias de las declaraciones testimoniales". El cúmulo de esas observaciones le alcanzó a Figueroa para entender la supuesta arbitrariedad.

En el microclima de Comodoro Py se conoce que el juzgado de Bonadío presenta complicaciones de tipo logístico, al punto que se hable del llamado "Código Bonadío". No por nada junto con Norberto Oyarbide lidera el ranking de revocatorias de la Cámara Federal. Usualmente, ambas salas de esa Cámara le formulan fuertes objeciones en los casos que el juez instruye y en cuanto reincide directamente optan por apartarlo. Pero en este caso, los jueces de la Sala I no encontraron fundamento de arbitrariedad y el caso llegó a Casación.

Allí, Figueroa tuvo un contrapunto con Hornos, que siempre entendió que la cuestión se podía resolver rápidamente. La jueza, en cambio requirió más tiempo para presentar argumentos demasiado endebles como para remover a Bonadío. Notable: para Figueroa, la demora en entregar fotocopias es causal de apartamiento, pero cada vez que ella fue recusada en causas de lesa humanidad (por haber sido querellante desde el Ministerio de Justicia antes de llegar a la Casación) se negó a soltar esos casos. Un doble estándar que trajo múltiples cruces entre los camaristas.

Más allá de estos avatares, tampoco debe pasarse por alto el rol de la fiscal Gabriela Baigún que avaló la recusación. Baigún subroga una fiscalía ante la Casación y fue nombrada allí por Alejandra Gils Carbó. Su estiletazo contra Bonadío, innecesario y veloz, se suma a una saga de errores tácticos que anoche dejaban al juez en una posición envidiable.

La novedad es inquietante para el Gobierno y ayer en algunos despachos decisivos todavía flotaba la incógnita sobre por qué se eligió hacer una recusación cuando estaba todo dispuesto para un planteo de incompetencia: los supuestos delitos que se le imputan a Hotesur en todo caso sucedieron en la Patagonia y esos tribunales estarían facultados para tratar el caso. La inquina contra Bonadío y la intención de exponerlo pudieron más que la estrategia procesal más razonable.

Ahora, Cabral, Hornos y Figueroa deberían analizar si tienen alguna consideración final sobre el dictamen de De Luca sobre la denuncia de Nisman. Es difícil que se defina una nulidad, pero ayer se hizo muy obvio que De Luca conocerá una respuesta en breve, que podría ser cuanto menos incómoda.

La resolución de la recusación entrega otras cuestiones más de fondo, como las supuestas reuniones y contactos que habrían acontecido a ella. En los últimos diez días en la Casación se especuló con maniobras, en diversos sentidos del Gobierno, la Corte Suprema, el gremio de jueces, la oposición y el peronismo. El principio de que un magistrado siempre debe resolver con autonomía ( a pesar de las presiones que vive a diario) prácticamente fue inexistente en toda la discusión.

Dejá tu comentario