Brasil: proponen ‘‘otro’’ desarrollo anticorporativo

Mientras la ONU se prepara para celebrar en junio de este año el 20º aniversario de su aclamada conferencia ECO-92 bajo el lema Río+20, una abigarrada coalición mundial de entidades no gubernamentales planea un evento paralelo diferenciado del calendario oficial.

A la vez que Naciones Unidas concibe el evento como una cumbre gubernamental sobre desarrollo sustentable, una centena de ONG reunidas bajo el emblema Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20 proclama abiertamente su intención de organizar una Cumbre de los Pueblos.

Uno de sus manifiestos consigna que «para garantizar que se cumpla con el derecho de todos los pueblos, especialmente aquellos más vulnerables, a tener acceso al agua, alimentos, energía, tierra, semillas, territorios y medios de vida dignos, y para reivindicar los Derechos de la Madre Tierra, estamos construyendo juntos la Asamblea Permanente de los Pueblos, a realizarse en Río».

«Esta asamblea -añade- asumirá el desafío de hacer oír la voz de las mujeres y los hombres, jóvenes y mayores, que están resistiendo el avance de un modelo de desarrollo por definición no sustentable, cuya inhumanidad depredadora va buscando someter cada aspecto de la vida a la acción del mercado, anteponiendo siempre los lucros de unos pocos al buen vivir del conjunto, mientras simultáneamente asume un rostro cada vez más verde detrás del cual ocultarse». Justamente en estos días, Brasil enfrenta una doble convulsión ecoterritorial: mientras tres estados litoraleños padecen devastadoras inundaciones, otros dos estados del sur son calcinados por una fuerte sequía: el caudal del tumultuoso río Paraná casi ha descendido a la mitad.

Todo este torbellino permite anticipar que Río+20 superará ampliamente los temarios centrales de la ECO 92 (cambio climático y biodiversidad) para convertirse en una vasta asamblea multisectorial sobre el destino de la humanidad.

El Comité se consolidó formalmente en enero de 2011 durante el Foro Social Mundial de Dákar (Senegal), como resultado de debates realizados a lo largo de 2010 sobre la idea de un evento paralelo liderado por la sociedad civil, «por la justicia social y ambiental».

Con el objetivo de reunir y articular a organizaciones y redes civiles del mundo entero, tuvo lugar una reunión internacional del comité en junio de 2011, en Río de Janeiro, a la que asistieron representantes de más de 30 países.

Una segunda reunión se efectuó en octubre pasado, en Porto Alegre, y allí se ampliaron los lazos y las redes participantes, obteniendo para el Comité Facilitador voz y voto dentro de la Comisión Nacional Brasileña para Río+20.

Un informe reciente distribuido por el Grupo ETC de Canadá (entidad autónoma centrada en estudios sobre abusos del poder corporativo transnacional), titulado «¿Quién controlará la Economía Verde?», documenta una tendencia hacia el aumento de la concentración corporativa global, favorecida incluso por la actual crisis financiera mundial.

El análisis resalta que si bien en diversos sectores estudiados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición hicieron más con menos: con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

La investigadora uruguaya Silvia Ribeiro, integrante del Grupo ETC, comentó al respecto que «lo más verde de las propuestas de economía verde en las negociaciones formales hacia Río+20 es el color de los billetes que esperan ganar con ella las transnacionales».

Indica además que al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a un punto tal que ya en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo durante décadas.

Esto significa, acota Ribeiro, «un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana».

En el mismo informe se analiza además el control corporativo en otros rubros estratégicos, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacopea, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.