Brown teme y oculta actas sobre Irak

Londres - Irak encendió nuevamente la polémica en Gran Bretaña. El Gobierno de Gordon Brown anunció ayer que impondrá su veto para impedir la publicación de las actas de las reuniones cruciales mantenidas en 2003 en las que Tony Blair y sus ministros tomaron la decisión de participar en la guerra en el país árabe.
En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Justicia, Jack Straw, afirmó que la difusión de esos datos podría causar un «grave daño» al Gabinete, que, en su opinión, constituye un «principio esencial de la democracia parlamentaria británica».
Según Straw, que firmó la orden de veto, ese «grave daño» resulta mayor que el posible beneficio público que pueda derivarse de la difusión de las actas, en las que quedaron reflejadas las discusiones del Gobierno acerca de la legalidad de la guerra.
Al rechazar una disposición judicial, el titular de Justicia subrayó que la decisión de participar en la guerra de Irak, tomada por el Gobierno que dirigía el entonces primer ministro Tony Blair, ya se había examinado en varias investigaciones. «Hay que lograr un equilibrio entre la transparencia y el mantenimiento de aspectos de nuestra estructura de Gobierno democrático», argumentó Straw, al agregar que no tomó la decisión «a la ligera». El titular de Justicia invocó una cláusula de la Ley de Libertad de Información para vetar la divulgación de los informes.
La postura del Gobierno se conoció después de que el Tribunal de Información del Reino Unido dispusiera el pasado 27 de enero que, dado el «excepcional» interés público del caso, tienen que difundirse detalles de las reuniones ministeriales en las que se debatió la legalidad del ataque a Irak.
El Tribunal había dictaminado que el Gobierno debía revelar los documentos de dos reuniones del Gabinete celebradas el 13 y el 17 de marzo de 2003, es decir, días antes de la invasión de Irak, el 20 de ese mes. En esos encuentros, los ministros analizaron si el ataque contra Irak cumplía la normativa internacional, con la aportación del entonces fiscal general del Estado, Peter Goldsmith.
Desde el Partido Liberal Demócrata, que se opuso rotundamente a la invasión, el ex líder de esa formación Menzies Campbell calificó de «decepcionante pero no inesperada» la decisión del Gobierno. «Si el proceso para adoptar la decisión de embarcarse en una guerra ilegal contra Irak cuenta aún con el apoyo del Gobierno, ¿por qué no tienen el coraje de dejarnos ver las minutas del Gabinete?», se preguntó Campbell.
Agencias EFE y DPA