BUITRES: así se va derecho al matadero

Al menos en lo que tiene que ver con el momento histórico y la tendencia ideológica de los jueces, la Argentina no tuvo suerte ante los tribunales de los Estados Unidos en el juicio contra los fondos buitre. Desde primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia norteamericana, el dato fundamental, al menos en lo que tiene que ver con la procedencia política y judicial de los magistrados que intervinieron e intervendrán, es que la tendencia es al conservadurismo casi extremo, especialmente en lo comercial y financiero. En otras palabras, el criterio que dominó la escena es respetar a rajatabla la máxima "los contratos se cumplen", traducido como: "Los bonos en default se pagan como corresponde, sin quitas y al contado". Para empezar, el longevo Thomas Griesa es republicano, de los de antes, nombrado por Richard Nixon en 1972. Luego de algunos primeros años algo liberales, siempre respondió a los principios conservadores de la Justicia. Pasado Griesa, la posición argentina tuvo que enfrentar una Cámara de Apelaciones de Nueva York donde los republicanos dominan dos a uno: Barrington Parker y Renna Reggi vs. Rosemary Pooler. Igual el resultado fue un lapidario 3 a 0.

Ahora parece que la situación no mejorará, en cuanto al origen de los jueces, cuando el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. Sus decisiones son inapelables y definitivas, y quien no las acepte cae en "desacato"; algo comparable a una "muerte civil". Desde 1869 está formada por nueve jueces (un presidente y ocho asociados). Como en la Argentina, los nombra el presidente de los Estados Unidos bajo acuerdo del Senado. Sólo pueden ser corridos por "impeachment", algo que no ocurrió en ningún momento de la historia norteamericana. El actual presidente es John Roberts, republicano y nombrado por George W. Bush. Además la integran Antonin Scalia y Anthony Kennedy (nombrados por Ronald Reagan), Clarence Thomas y Ruth Bader Ginsburg (George Bush), Stephen Breyer (Bill Clinton), Samuel Alito (George W. Bush) y Sonia Sotomayor y Elena Kagan (Barack Obama). En general, la tendencia es conservadora en los últimos fallos, algo que no le viene bien a priori a la Argentina. .

La demanda para que el país pague unos 1.330 millones de dólares al contado será una de las más de 4.000 causas anuales que el tribunal deberá elegir si acepta. Si lo hace, comenzará el proceso de consideración; si no, la decisión de octubre pasado de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York quedará en firme.

La estrategia del estudio de abogados de Cleary, Steen, Gotlieb & Hamilton (CSG&H) será la de acelerar todo el lobby político posible (lo hay, como en cualquier institución en los Estados Unidos) para que el caso sea aceptado. Para esto, el Gobierno argentino deberá jugarse dos cartas fundamentales. La más importante, hoy muy lejana, es que la administración de Obama presione amigablemente ante los "jueces amigos" en la Corte. No hay buenos precedentes. La última vez que se intentó que el presidente norteamericano diera una señal a favor del país en su lucha contra los fondos buitre fue el jueves pasado en la cumbre del G-20, en San Petersburgo, Rusia, cuando la delegación argentina le pidió a la de Obama que apoye una declaración condenando la acción de estos fondos contra los procesos de reestructuración de deuda. No sólo Obama se negó a tratar el tema, sino que operó en contra de su inclusión dentro del debate. Otra institución que podría actuar sería el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde tampoco el Gobierno deposita muchas esperanzas, pese a que es sabido que casi nadie en ese organismo comparte el arbitrario criterio expresado por Griesa & co. Un tercer lobby podría ser el del Partido Republicano. Sin embargo, sabe Buenos Aires que desde la cumbre de Mar del Plata de 2006, cuando George W. Bush sufrió una derrota política y diplomática histórica, las posibilidades de que los republicanos hagan algo a favor del país son nulas. Para peor, Paul Singer, el titular del fondo buitre Elliot que ganó en las dos primeras instancias de la Justicia norteamericana el caso contra la Argentina, es el principal recaudador del Partido Republicano en las campañas electorales.

Así las cosas, la Argentina parece estar sola ante la decisión de la Corte, sin poder de lobby real.

@cburgueno