En una votación de 3 a 0, el tribunal dijo que Griesa erró al extender una acción colectiva de tenedores de bonos en euros para cubrir a inversores que tenían los bonos en cualquier momento, no sólo por un período continuo definido. El fallo afirma que el magistrado "violó el requerimiento de comprobabilidad" respecto de los derechos de unos demandantes de sumarse mediante una "acción colectiva" a la sentencia en favor de los fondos NML Capital y Aurelius por u$s 1.600 millones de deuda en default desde 2001. "Acordamos y sostenemos que la referencia de criterio objetivo de una acción colectiva es insuficiente para establecer un colectivo identificable y administrativamente viable", señalaron los magistrados, con referencia al fallo del 6 de junio de Griesa a favor de nuevas demandas por u$s 5.200 millones de tenedores de títulos impagos.
El tribunal ordenó a Griesa efectuar audiencias para aclarar quiénes y desde cuándo tienen los bonos en default, ya que algunos demandantes fueron aceptados por Griesa en el caso a pesar de haberse desprendido de esos títulos en el mercado financiero.
Errores
Para el panel, Griesa se equivocó al ampliar los derechos de una serie de bonos a todos los que los hayan tenido en algún momento, en lugar de sólo a quienes hayan conservado esos títulos de manera permanente.
El juez de circuito Richard Wesley dijo que la decisión marcó la cuarta vez que la corte de apelaciones revisó, y rechazó, los métodos de Griesa para calcular los daños o definir clases de tenedores de bonos. Dijo que la última expansión habría hecho muy difícil determinar quién pertenecía a la clase porque los bonos se negocian frecuentemente y porque algunos inversores podrían optar por "quedarse afuera", o no unirse, a cualquier acción colectiva. "Definir la clase precisa a la que la Argentina debe daños por su rechazo a cumplir sus obligaciones de pagos de bonos y calcular esos daños han demostrado ser tareas exasperantes", escribió Wesley.
El 10 de agosto pasado esa instancia judicial revirtió la decisión de Griesa que autorizaba a otro grupo de nuevos querellantes a reclamar por el pago total de bonos en default. Además, el pasado 31 de agosto la misma Corte de segunda instancia rechazó otra orden del juez para embargar activos del Banco Central, siguiendo un pedido de los fondos especulativos.
Los demandantes, liderados por Henry Brecher, buscaban el pago de daños por unos 68 millones de euros (77 millones de dólares) en el caso de los bonos emitidos en legislación europea. "Estamos muy satisfechos con el fallo de la Corte", dijo Carmine Boccuzzi, un abogado de la Argentina, en una entrevista. "El segundo circuito deja en claro que los demandantes no pueden usar el mecanismo de clase para evitar su obligación de demostrar los daños reales", dijo.
| Agencias Afp y Reuters |
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